La causa conocida como “Niño Rayo” registró un giro clave en las últimas horas. Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso presentado por la defensa, la justicia de Corrientes avanzó con el procesamiento y ordenó la detención del psicólogo Gustavo Marcolli, acusado de abuso sexual infantil.

La medida fue dispuesta por la jueza Amelia Zahir de Nicolás, quien resolvió dar un paso que desde hace años venían reclamando la familia y la querella. Con esta decisión, el expediente entra en una nueva etapa y queda más cerca de la elevación a juicio oral.

El caso lleva casi diez años en el sistema judicial. Durante ese tiempo atravesó instancias de sobreseimiento en primera y segunda instancia que habían dejado la causa al borde de la impunidad. Esa situación comenzó a revertirse a partir de la intervención de la querella, encabezada por la abogada Andrea Quincose Vilalta, quien impulsó la revisión de esas decisiones.

El reciente fallo de la Corte, que dejó firme la competencia de la justicia provincial, cerró una vía utilizada por la defensa y destrabó el avance del expediente. En ese contexto, el procesamiento y la detención del acusado aparecen como un punto de inflexión dentro de una causa marcada por demoras y controversias.

Desde los espacios que acompañan a la víctima señalan que ahora el objetivo inmediato es la elevación a juicio y una condena. En ese camino, destacan el rol de la familia, la querella y organizaciones como “Yo Sí Te Creo”, “Al Fin Justicia”, la Defensoría de Niñez y Adolescencia, así como el acompañamiento de la religiosa Martha Pelloni y colectivos vinculados a la lucha contra la violencia hacia las infancias.

El caso también vuelve a poner en discusión el funcionamiento del sistema judicial en este tipo de delitos, donde las demoras y decisiones contradictorias pueden prolongar durante años los procesos.

“Ya no es solo contra un acusado, sino contra un entramado que permitió sostener la impunidad”, señalan desde el entorno que acompaña la causa.

Con el procesamiento ya dictado, la definición sobre la elevación a juicio queda ahora en manos de la justicia, en lo que podría ser el tramo final de un proceso que, según la querella, nunca debió extenderse tanto tiempo.