El fiscal federal, Flavio Ferrini, solicitó al Tribunal Oral Federal de Corrientes la imposición de penas de entre 4 y 25 años de prisión para nueve ex gendarmes y ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 104 personas en el ámbito de la subzona militar 23, en la jurisdicción de la VII Brigada de Infantería de Corrientes, durante la época del terrorismo de Estado. El juicio, que ingresó en su etapa final, es el décimo que se celebra en esa provincia por estos crímenes y es el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.

Ferrini llevó a cabo la exposición durante toda la jornada, acompañado por los auxiliares fiscales Juan Pedro Resoagli y Diego Vigay, ante el tribunal integrado por Juan Manuel Iglesias, Eduardo Belforte y Fermín Ceroleni. El debate había comenzado el 7 de agosto último, y a lo largo de las audiencias desarrolladas desde entonces declararon 21 testigos.

Los acusados revistaron a la época de los hechos en el Regimiento de Infantería Nº 9, que era el comando de la VII Brigada, y en dependencias de la Gendarmería Nacional. A esta instancia habían llegado diez imputados, pero el tribunal dispuso en la primera audiencia el apartamiento del proceso por razones de salud del exjefe de inteligencia de la VII Brigada, José Emilio Mechulán.

Tampoco llegaron a esta instancia los imputados Roberto Romeo Bin, Julio Maidana, Alfredo Levatti, Oscar Guastavino y Solis Neffa, quienes fallecieron durante el proceso, y Julio Rafael Barreiro y Cirys Dalmi Feu, apartados previamente por razones de salud.

Pedido de penas

Al formular el petitorio, el fiscal resaltó que los imputados eran personas bien instruidas, tenían autodeterminación, podían dar órdenes en decisiones distintas y que, sin embargo, "decidieron ejecutar estos hechos criminales de la manera que lo hicieron".

“Hemos tomado contacto con las víctimas y familiares y podemos apreciar que el daño causado permanece aún al día de hoy. Estos hechos que parecen del pasado siguen presentes en sus efectos”, destacó.

La fiscalía solicitó que se condene a 25 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena para:

El ex auxiliar de la División II Inteligencia, Eduardo Antonio Cardozo, y al exteniente 1° de la Unidad Regimiento 9, Raúl Horacio Harsich. Consideró a ambos autores de asociación ilícita, en concurso material con privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos y en abuso de sus funciones y por haber sido ejecutada con violencia y amenazas, en calidad de coautores. En el caso de Cardozo, en perjuicio de 26 víctimas, y en el caso de Harsich, respecto de 12 víctimas.

El exjefe de la Oficina de Inteligencia de la Jefatura de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Juan Carlos De Marchi, el ex oficial de Inteligencia de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Horacio Losito, y el ex alférez de la Gendarmería Nacional, Raúl Alfredo Reynoso. La fiscalía los acusó en carácter de autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por funcionarios públicos con abusos de sus funciones por haber sido ejecutada por violencia y amenazas, en calidad de coautores. En el caso de De Marchi, en perjuicio de 60 víctimas; en el de Losito, en perjuicio de 41 víctimas; y en el caso de Reinoso, por 56 víctimas.

Por los mismos delitos, el fiscal Ferrini solicitó la imposición de penas de 15, 12 y 10 años de prisión para el ex coronel del Regimiento de Infantería 9, Abelardo Carlos de la Vega, para el exsargento ayudante y ex auxiliar de Inteligencia de la Gendarmería, Pedro Armando Alarcón, y para el ex auxiliar de Personal de la VII Brigada de Infantería, Alfredo Carlos Farmache, en perjuicio de siete víctimas los dos primeros y de dos víctimas el último.

Finalmente, para el excomandante de Gendarmería Nacional, Abelardo Palma, el fiscal solicitó la imposición de la pena de cuatro años de prisión por los mismos delitos respecto de una víctima.

El plan represivo en Corrientes

Luego, el fiscal realizó un análisis del plan represivo impuesto en la Argentina en aquellos años. “Existió toda una estructura de reglamentos que se fueron dictando a fines de la década del ’50, que fueron secretos, que no pasaron por el Congreso, y que estaban influenciados por la denominada Escuela Francesa. Como consecuencia de tomar estas ideas de guerra contrarrevolucionaria, en 1972 el país se empezó a dividir por zonas. Posteriormente, se implementó la Doctrina de Seguridad Nacional, mediante la cual se planteó la hipótesis bélica de la existencia de un enemigo interno, que era lo que llamaban ‘subversión’”.

Ferrini reveló que en esa división por zonas la provincia de Corrientes se encontraba en la denominada Zona 2 junto con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Formosa. Precisó que esa zona estaba subdividida y que tanto Corrientes capital como toda una región de esa provincia que da a la costa del río Paraná, sumado a las provincias de Formosa, Chaco y Misiones, pertenecía a la subzona 23. “Me parece importante destacar esto para explicar la funcionalidad de la VII Brigada en esta zona”, apuntó el fiscal. En esa línea, procedió a mostrar en una pantalla un esquema de la estructura operativa de la VII Brigada en la que “están asentados los imputados” de esta causa.

Con un minucioso análisis, individualizó a quienes conformaron los grupos de inteligencia, también denominados grupos operativos, o grupos de tareas, entre los años 1975 a 1977.

El representante del MPF hizo mención a varios documentos encontrados durante la investigación y aseguró que los mismos “llevan a consolidar la convicción de que el plan represivo llevado adelante por las fuerzas armadas fue ejecutado en nuestra jurisdicción territorial bajo control y responsabilidad de la VII Brigada”.

Ferrini también hizo hincapié en la implementación de acciones cívicas y psicológicas dentro del plan sistemático y dijo que no solo eran para lograr consenso dentro de la población civil, sino también para para mezclarse entre ellos, realizar la tarea de control poblacional y determinar el blanco. “Todo esto se realizó desde la VII Brigada, cuando se implementaron una serie de planes cívico militares que en esta región se denominaron Planes Toba que, lejos de hacer acciones cívicas, eran planes desplegados en zonas de grandes movilizaciones por parte de movimientos campesinos con el objetivo de individualizar y detener personas e implantar el terror”, aseguró.

En ese marco, Ferrini aseguró que existe la suficiente prueba para sostener que en el área de influencia de la VII Brigada existieron distintos lugares de detención que fueron utilizados como centros clandestinos de detención y de tortura.

Por otra parte, hizo hincapié en que los imputados eran funcionarios públicos. “No solo no tenían que cometer estos hechos, sino que estaban obligados a impedir que se cometieran y conocían esa obligación por su rango y su nivel de instrucción”. Aseguró que los imputados tenían plena conciencia de la ilegalidad de su actuar. “Si hubieran creído que lo que hacían estaba bien en nombre de la Patria, lo hubieran hecho a la luz del día, sin ocultarse, sin vendar a las víctimas, sin utilizar lugares clandestinos para detenerlos y hubieran dicho desde el inicio ‘esto fue lo que pasó’. Claramente tenían conocimiento de que era un accionar ilegal y que se daba de frente con la normativa vigente en esa época”.

Otro elemento que destacó fue la presión ejercida sobre familiares directos de los detenidos. “Existen dos casos de madres que fueron alojadas con sus bebés, una recién nacida y el otro nacido durante el cautiverio y que fueron amenazadas con ser torturadas”, señaló. El representante del MPF consideró estos hechos como privaciones ilegítimas de la libertad agravadas. Mencionó las detenciones conjuntas de los padres de algunos detenidos que eran considerados subversivos, y a los que sometían a vejámenes. “En un caso toda la familia fue detenida, y culminó con el homicidio del padre de quien era buscado”, detalló.