Un análisis de Nueva Mirada Radio

Un informe reciente del Foro de Periodismo Argentino ubicó a Corrientes como la segunda provincia del país donde mayor es el peso de la pauta oficial en el financiamiento de los medios. 

Entre quienes respondieron la encuesta, el 65,11% de los ingresos proviene del Estado provincial. Además, el 41% de los medios locales prefirió no informar cuánto recibe en concepto de publicidad oficial. El dato no es menor: a nivel nacional, el promedio de dependencia es sensiblemente más bajo en varias jurisdicciones.

El problema no es la existencia de pauta oficial. Todo Estado comunica y asigna recursos para hacerlo. La cuestión es la función que cumple. En Corrientes, donde no existe una ley provincial que regule criterios objetivos y transparentes de distribución, la pauta se consolida como herramienta discrecional en un contexto de más de 25 años de administraciones radicales. 

Ese proceso prolongado terminó estructurando un ecosistema mediático altamente condicionado por la financiación estatal.

La comparación con los medios públicos refuerza la hipótesis. En todo el país existen 228 medios estatales que emplean al 12,2% de los periodistas registrados. En Corrientes, apenas el 9,5% de los medios son públicos y concentran solo el 6% del empleo periodístico. Es decir, el grueso del sistema se presenta como privado pero depende mayoritariamente del Estado provincial para sostenerse. Esa asimetría tensiona la noción misma de independencia editorial.

Los efectos se observan en la homogeneidad discursiva ante conflictos sensibles, como los reclamos salariales o las problemáticas sociales en los barrios periféricos. La instalación previa de determinados encuadres —por ejemplo, que los salarios “le ganan a la inflación”— configura un clima informativo alineado con la narrativa oficial. Cuando la pauta actúa como mecanismo de disciplina económica, la pluralidad se reduce y el debate público se estrecha.

El trasfondo es más profundo. La democratización de voces suele ser un indicador indirecto de la calidad democrática. Si la circulación de discursos queda concentrada en pocos actores económica y políticamente alineados, la participación ciudadana en la construcción de sentido colectivo se debilita. La pauta deja de ser instrumento de pluralización y pasa a operar como blindaje.

La discusión, sin embargo, no puede derivar en una impugnación del periodismo como institución. Ese enfoque coincide con la retórica de deslegitimación generalizada promovida por el presidente Javier Milei contra partidos, sindicatos y prensa. El deterioro de estas instituciones es real, pero su destrucción no fortalece la democracia: la vacía.

En ese punto emerge otra dimensión del debate. La experiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mostró que existió un proyecto orientado a democratizar la comunicación. Sin embargo, su implementación incompleta, junto con otras reformas pendientes, dejó un terreno fértil para la frustración social y la crisis de representación. Parte de la actual ofensiva contra derechos laborales, sindicales y comunicacionales se asienta también sobre esas reformas inconclusas.

La autocrítica es inevitable. Si el campo nacional y popular pierde su plan estratégico, la unidad se vuelve consigna vacía. Sin horizonte programático, la disputa por la democratización real —de la comunicación, de la justicia, del trabajo— se diluye. En ese vacío, el poder económico y político consolida mecanismos de control más sofisticados.

Corrientes ofrece un caso paradigmático: alta dependencia de pauta oficial, baja presencia de medios públicos y ausencia de regulación transparente tras un cuarto de siglo de continuidad gubernamental. 

La pregunta de fondo no es si debe existir pauta, sino para qué. Si no está orientada a ampliar voces y garantizar diversidad, termina consolidando un sistema que limita el debate y empobrece la vida democrática.

Mirar el informe de Fopea completo: https://pautaoficialmediospublicos.fopea.org/