La docencia correntina atraviesa un conflicto en ascenso que se inscribe en una coyuntura nacional marcada por la pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, la docente Estela Juri describió un escenario “deprimente y catastrófico”, donde los salarios no alcanzan la canasta básica y la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de los trabajadores se vuelve cada vez más evidente.

En Corrientes, el impacto adquiere características propias. Con un fuerte peso del empleo público, el sector docente se consolida como uno de los más numerosos y con mayor capacidad de organización. Históricamente, además, ha sido el que marca el pulso de los reclamos estatales, arrastrando detrás a otros sectores como salud o fuerzas de seguridad.

Dentro de ese escenario general, uno de los puntos más sensibles del conflicto es el funcionamiento del llamado “código 632”, un componente del salario docente creado como complemento provincial y que hoy concentra buena parte de los ingresos. Según denuncian los trabajadores, ese ítem —atado a criterios de asistencia— se convirtió en una herramienta que condiciona el reclamo.

El código 

En términos formales, el código 632 corresponde a un adicional salarial creado en 2024 por decreto provincial como complemento docente, en el contexto de la caída de fondos nacionales. 

Se trata de un ítem remunerativo que fue incorporando montos significativos dentro del salario, pero que quedó vinculado a criterios de presentismo.

Esto implica que puede ser descontado total o parcialmente ante inasistencias, incluyendo medidas de fuerza, licencias u otras situaciones. A diferencia del salario básico, este componente concentra una parte importante del ingreso mensual, lo que lo vuelve determinante en la estructura salarial docente. 

Por esa razón, distintos sectores cuestionan que funcione como un “presentismo encubierto”, ya que condiciona el cobro de una porción relevante del sueldo y limita, en los hechos, la capacidad de protesta.

Juri cuestionó que los aumentos salariales se trasladen en mayor medida a ese código, lo que genera una situación de dependencia. “Te vuelven rehén”, afirmó, al explicar que ese monto puede ser descontado en casos de paro, licencias o ausencias. De esta manera, una parte significativa del salario queda sujeta a condiciones que limitan la posibilidad de protesta.

La docente sostuvo que, lejos de funcionar como un incentivo, el mecanismo opera como una forma de presión. “Te meten miedo: si hacés paro o faltás, no cobrás”, resumió. En ese sentido, diferenció este esquema de otros regímenes de presentismo, donde el adicional representa un premio sobre el básico y no una porción central del ingreso.

El conflicto se profundizó en las últimas semanas con descuentos salariales que, según denunció, no fueron restituidos en todos los casos. A esto se suman situaciones irregulares como pagos en cuotas, demoras en liquidaciones y deudas que pierden valor frente a la inflación. “Cuando terminan de pagarte, ya no te sirve”, graficó.

El deterioro salarial impacta de lleno en la vida cotidiana. “No estamos llenando el plato”, expresó Juri, al describir un escenario de endeudamiento generalizado entre los docentes, sostenido en el uso de tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos. En esa línea, cuestionó políticas oficiales que, según indicó, promueven más financiamiento en lugar de recomponer ingresos.

Uno de los sectores más afectados es el de la docencia rural. Según explicó, en muchos casos se dejó de pagar el adicional por zona, lo que encarece el traslado hacia las escuelas. Como consecuencia, relató que hay docentes que vuelven a hacer dedo en rutas o que utilizan motos de baja cilindrada para poder cumplir con su trabajo. La situación, agregó, obligó a iniciar amparos judiciales para recuperar ese derecho, con resultados parciales.

A la par, también se acumulan críticas al funcionamiento de organismos como la obra social y el sistema previsional, en un contexto que la docente caracterizó como de “irregularidades” sostenidas en el tiempo.

Con el esquema salarial bajo cuestionamiento y el código 632 como uno de los principales focos de disputa, la docencia correntina mantiene un conflicto abierto que combina reclamos económicos, condiciones laborales y una creciente discusión sobre derechos.