El ginecólogo Gerardo Alejandro Dahse fue detenido y trasladado a la Unidad Penal N°6 de San Cayetano, en Corrientes, para comenzar a cumplir de manera efectiva la condena de siete años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, luego de que la sentencia quedara firme tras el rechazo del último recurso judicial presentado por su defensa.

La resolución clave fue adoptada el 24 de abril de 2026 por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que declaró inadmisible el recurso extraordinario federal. Con esa decisión, se cerró la vía ordinaria de apelaciones y se habilitó la ejecución de la pena, que se concretó días después con la detención y el traslado del médico al sistema penitenciario.

La condena original había sido dictada el 5 de octubre de 2023 por el Tribunal Oral Penal N°1, a partir de la denuncia realizada en 2021 por una paciente. Con el avance del proceso, se sumaron otros testimonios, entre ellos el de una mujer que había denunciado en 2008 sin obtener respuestas judiciales en ese momento, y nuevas voces que comenzaron a visibilizar un patrón de conductas reiteradas.

De manera extraoficial, se registraron al menos una veintena de relatos de mujeres que describen un mismo modus operandi: abusos cometidos en el marco de la relación médico-paciente, aprovechando la posición de poder del profesional. Este conjunto de denuncias permitió ampliar el alcance del caso y evidenciar tanto el carácter sistemático de los hechos como las dificultades estructurales para acceder a la justicia.

En ese recorrido, también se produjeron decisiones judiciales relevantes, como la reapertura de una causa previamente archivada. En ese fallo, el Superior Tribunal consideró que los plazos de prescripción debían suspenderse por el rol de Dahse como funcionario público, lo que permitió reactivar una denuncia que había quedado cerrada.

Entre la primera denuncia en 2021 y la confirmación de la condena pasaron casi cuatro años, atravesados por apelaciones, demoras y tensiones judiciales que postergaron la ejecución de la pena. Si se incorporan antecedentes más antiguos, el proceso expone un arco temporal más amplio, marcado por períodos prolongados de impunidad.

La detención y el traslado a la unidad penal marcan ahora un punto de inflexión: por un lado, consolidan una condena firme; por otro, reactivan nuevas líneas de investigación en torno al accionar del médico y posibles responsabilidades aún no esclarecidas dentro del sistema judicial.