Este miércoles 24 de agosto se concreta la retención de servicio, sin asistencia a los lugares de trabajo, de las y los 300 agentes precarizados que fueron trasladados del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que hace casi 60 días no cobran sus haberes.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Feliciano “Chano” Romero, denunció que las y los agentes “están recibiendo presiones, intimidaciones y amenazas de perder sus puestos de trabajo; si se suman a la medida de acción directa”. 

Se tratan de psicólogos/as, trabajadores/as sociales, auxiliares en hogares de niños y de ancianos con hasta 15 años de antigüedad.

“Desde ATE hacemos responsable directo al ministro de Justicia de la Provincia, Juan José López Desimoni; por la integridad física, mental, por la estabilidad salarial y laboral de nuestros compañeros y compañeras precarizados quienes, con el más justo de los reclamos, solo están pidiendo que les pagues los salarios que les deben para poder llevar comida a sus casas", afirmó Romero. 

En ese sentido, dijo que las y los agentes que vienen reclamando por sus salarios, "tienen el mismo derecho de recibir actualizaciones salariales, tener estabilidad laboral, sueldos dignos y todos los derechos que el resto de los trabajadores”.

El titular de ATE Corrientes solicitó “una audiencia con carácter urgente con López Desimoni” para abordar la situación de atraso y desfasaje salarial, inestabilidad laboral de las y los agentes transferidos.

Se tratan de becarias, monotributistas y otras figuras precarizantes -que en un 80% son mujeres con ingresos cercanos a la línea de indigencia- hace casi dos meses no perciben sus haberes ni el plus. Tampoco son contratados ni pasan a planta permanente, a pesar de tener muchos años de antigüedad en áreas como Niñez, Infancia, Familia.