Las medidas cautelares e inspecciones oculares parecen no hacer mella en los empresarios que continúan ocupando espacios públicos de las playas Arazaty I y II, expandiendo cada vez más los paradores privados que allí se montan.

Desde los Defensores de los Espacios Públicos Costeros, advirtieron que la Justicia no hace cumplir las propias medidas que dicta para detener esas construcciones.

El espacio que nuclea a vecinos y vecinas de la ciudad de Corrientes, señaló que los paradores fueron construidos contra las normas municipales y ambientales vigentes, y cuentan con el aval de la Municipalidad de la Capital provincial.

Entre las normas infligidas, se destaca la que establece que desde la defensa costera al pelo del agua no debía edificarse a fin de evitar la degradación del suelo, la contaminación y también la obstrucción del paisaje. Como también, la que prohíbe el pago de un espacio público, como es la playa, por parte del público en general.

Asimismo, recordaron que, desde el año 2020, se inició un Amparo ambiental ante la Cámara Civil y Comercial de la Ciudad Capital. Sin embargo, los camaristas integrantes de la Sala I y su presidente, “hacen como que hacen, pero nada cambia y no se frena el avance sobre el espacio público”.

“La justicia dicta medidas cautelares que luego no las hace cumplir”, recalcaron. “De nada valieron las inspecciones oculares, porque después de la última realizada en el mes de julio, el parador Jack Tower decidió nuevamente avanzar sobre la playa construyendo una plataforma ocupando varios metros hacia el rio”, detallaron. 

En ese sentido, sostuvieron que “la ambición no reconoce límites”. Como ejemplo citaron el caso del ex Club Boca Unidos, “hoy espacio de negocios y comercios que ampliaron la ocupación, cercando, rellenando y delimitando un lugar exclusivo y privado sobre la costa”, aseveraron. “Esto mismo ocurrirá sobre Arazaty si no se detiene”, alertaron. 

Ante la inacción judicial, los Defensores Costeros denunciaron que continúa “la violación de las normas ambientales, la privatización de la playa Arazaty, la afectación de bienes naturales que son de todos y todas”. 

“Sigue degradación del paisaje en beneficio exclusivo de quienes hacen negocio sobre los espacios públicos, sin ningún beneficio colectivo ni impacto en el desarrollo de la ciudad”, concluyeron.