El Gobierno argentino y Estados Unidos cerraron un acuerdo bilateral de comercio e inversiones que fue firmado formalmente el 5 de febrero de 2026 en Washington, en el marco de políticas dirigidas a abrir mercados y fomentar el intercambio entre ambos países. 

El pacto — resultado de negociaciones que comenzaron con un marco acordado en noviembre de 2025 — elimina o reduce tarifas sobre cientos de productos: Washington suprime gravámenes recíprocos sobre más de 1.600 bienes argentinos, mientras que Argentina elimina barreras para más de 200 categorías de productos estadounidenses. Además, el acuerdo cuadruplica la cuota de carne vacuna argentina exportada con aranceles reducidos a Estados Unidos. 

Los funcionarios oficiales destacaron que el acuerdo puede generar más de mil millones de dólares en exportaciones adicionales y consolidar a Argentina como un socio confiable en el comercio global. Sin embargo tiene serias implicancias sobre la industria argentina. 

¿Qué implica el acuerdo?

Apertura arancelaria: Argentina aceptó sacar barreras sobre bienes que van desde maquinaria hasta productos farmacéuticos y químicos, y abrir cuotas para productos sensibles como automóviles, ganado en pie y lácteos, permitiendo entrada libre de aranceles bajo ciertos límites. 

Acceso a mercados estratégicos: Estados Unidos aumentó el acceso preferencial para la carne argentina, reduciendo tarifas e impulsando exportaciones ganaderas. 

Minerales críticos: El acuerdo también pone foco en el acceso estadounidense a recursos como litio y cobre, con compromisos argentinos para facilitar inversiones en su exploración y procesamiento.

Propiedad intelectual y normas regulatorias: Se incorpora la mejora de estándares de propiedad intelectual y la eliminación de barreras no arancelarias, lo que supone alinear regulaciones argentinas con estándares estadounidenses en ciertos sectores. 

Lo que se observa del acuerdo 

Asimetría evidente en obligaciones: las obligaciones asumidas por Argentina son más amplias y profundas que las contrapartidas otorgadas por Estados Unidos, generando un pacto desigual y desbalanceado.

Impacto en la industria local: la apertura arancelaria sin protección adecuada podría perjudicar industrias nacionales que aún no son competitivas frente a productos estadounidenses más baratos, poniendo en riesgo empleos y capacidades productivas. 

Soberanía regulatoria en juego: la adopción de normas tecnológicas y sanitarias al estilo estadounidense puede limitar la capacidad de Argentina de dictar sus propias reglas en sectores sensibles como alimentos y medicamentos.

Tensiones regionales y Mercosur: el pacto bilateral plantea interrogantes sobre la integración regional: líderes de países como Uruguay han manifestado que este tipo de acuerdos pueden debilitar las negociaciones colectivas del Mercosur, especialmente en negociaciones con la Unión Europea y otros bloques.

Dudas sobre beneficios concretos: advierten que buena parte de las exportaciones argentinas ya ingresaba a EE.UU. con aranceles bajos bajo la cláusula de Nación Más Favorecida de la OMC, lo que pone en cuestión si la apertura adicional genera ventajas reales más allá de lo simbólico. 

El acuerdo se inscribe en la política exterior del presidente Javier Milei hacia una apertura más profunda del comercio y acercamiento estratégico a Estados Unidos, en un contexto donde la relación con otros socios como China y el Mercosur sigue evolucionando. 

Mientras sus promotores resaltan las oportunidades de acceso a uno de los mayores mercados del mundo se advierten que la letra chica del texto, sus efectos sobre la estructura productiva y su alcance real deben ser examinados con cautela para evitar que se profundicen desigualdades comerciales o se comprometa la soberanía económica.