El DNU 383/2025 amplía capacidades investigativas de la Policía Federal Argentina (PFA), habilitando funciones de inteligencia criminal sin supervisión judicial externa ni transparencia independiente. En detalle, el decreto permite patrullaje en redes sociales —espacios públicos digitales— sin requerir autorización judicial, y la recopilación de información conforme a criterios definidos internamente por el Ministerio de Seguridad.

Además, faculta a la PFA a llevar a cabo requisas personales, e incluso en vehículos o embarcaciones en espacios públicos, sin orden judicial previa siempre que existan "circunstancias objetivas que presuman ocultación de pruebas" o urgencia por riesgo de pérdida de esa evidencia.

Otra medida controvertida es la posibilidad de demorar a personas hasta 10 horas ante sospecha o falta de acreditación de identidad, sin intervención judicial inmediata. Para expertos como la abogada Victoria Darraidou (CELS), esto abre la puerta a detenciones arbitrarias, perfilamientos por sesgo institucional y persecuciones a manifestantes.

La reforma también permite que la PFA realice análisis criminal y político sin estar cubiertos por la ley de inteligencia —un marco legal pensado para proteger derechos civiles— acentuando la preocupación por la falta de límites jurídicos claros.

En conjunto, el DNU dibuja una PFA con poderes amplificados: vigilancia digital, facultades de detención y requisas preventivas, análisis de inteligencia interna y posibilidad de demoras, todo bajo reglamentación ministerial sin control judicial ni mecanismos transparentes de revisión.

Más allá del discurso de “modernización” policial, este decreto configura una reforma que transgrede garantías legales y constitucionales, y refuerza las capacidades de actuación discrecional del Ministerio de Seguridad sobre la PFA. Si el Estado no establece límites jurídicos claros y supervisión judicial o parlamentaria real, la reforma corre el riesgo de convertirse en una herramienta para abusos institucionales e interferencia en derechos civiles.