Uno de los datos más contundentes del relevamiento es que el 65% de los cargos docentes de la UNNE corresponde a categorías auxiliares, es decir, Jefes de Trabajos Prácticos y auxiliares de primera. Son justamente los sectores con menores salarios y mayor sobrecarga laboral.

La crisis universitaria ya no se expresa solamente en discusiones presupuestarias o reclamos salariales. Un informe elaborado por Valeria Ojeda, investigadora del GrISEL y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, reconstruye con datos concretos cómo el ajuste nacional impacta sobre quienes sostienen cotidianamente la vida universitaria: docentes y estudiantes.

El trabajo, realizado a partir de datos del Portal de Transparencia de la UNNE y encuestas a ingresantes de la Licenciatura en Relaciones Laborales, describe un escenario marcado por la precarización, el deterioro salarial y el aumento de la vulnerabilidad social dentro de la universidad pública.

A eso se suma otro indicador estructural: el 86% de los cargos posee dedicación simple, equivalente a diez horas semanales remuneradas, aunque las tareas reales exceden ampliamente ese tiempo. Preparación de clases, corrección de trabajos, investigación, extensión, dirección de tesis y gestión académica forman parte de un trabajo que muchas veces no encuentra correlato salarial.

El informe también muestra el deterioro del poder adquisitivo docente frente al costo de vida. Mientras los profesores titulares logran ubicarse apenas por encima de la línea de pobreza, los JTP y auxiliares quedan por debajo de la Canasta Básica Total. En algunos casos, los salarios iniciales apenas superan los 250 mil pesos mensuales.

La situación impacta especialmente sobre las categorías más bajas, donde predominan docentes jóvenes, muchos de ellos en formación de posgrado y sin posibilidad de acceder a otros empleos formales debido a las exigencias académicas.

El documento también advierte desigualdades de género: cerca del 80% de las dedicaciones exclusivas están ocupadas por varones, mientras las mujeres se concentran en las categorías y dedicaciones más precarizadas.

En paralelo, el informe analiza las condiciones sociales del estudiantado. Más del 70% de los ingresantes proviene de escuelas públicas y cerca del 75% pertenece a sectores socioeconómicos bajos o vulnerables. Un tercio debió migrar de su ciudad de origen para estudiar y otro tercio constituye la primera generación universitaria de su familia.

La precarización también atraviesa a quienes cursan. Uno de cada tres estudiantes ya trabaja y, de ese grupo, casi el 70% lo hace en condiciones informales o sin derechos laborales garantizados.

El relevamiento señala además la importancia de las políticas estatales de transferencia de ingresos. Becas PROGRESAR, AUH y programas alimentarios aparecen como herramientas centrales para sostener la continuidad educativa de amplios sectores estudiantiles.

Hacia el final, el informe deja planteada una pregunta política y social: por qué, pese al deterioro creciente de las condiciones de vida en la universidad, las expresiones de defensa colectiva aparecen debilitadas o fragmentadas.

“La universidad se sostiene sobre esfuerzos que exceden lo económico”, plantea Ojeda. Y agrega que tanto docentes como estudiantes continúan sosteniendo el sistema a partir del compromiso, la vocación y la idea de una universidad pública como proyecto colectivo.