Durante una Conferencia de prensa, el presidente del Comité contra la Tortura de Corrientes, Ramón Leguizamón, destacó el trabajo que se hizo durante todo el año. “En este informe se puso de manifiesto el esfuerzo del Mecanismo, que recayó principalmente en las personas que acá m acompañan, que son Jorge Isetta y Mauricio Torres; como así también de comisionados y colaboradores del Interior que han hecho un esfuerzo fenomenal para poder llegar a todos los lugares de detención para hacer posible que se aplique la ley”, precisó.

Leguizamón resaltó además que “la labor del Mecanismo es fundamentalmente de control del cumplimiento de la ley, para que las garantías constitucionales y los tratados que nos vemos obligados a cumplir se vean reflejados en la práctica”.

Respecto a las inspecciones indicó que “se han visitado más de 50 comisarías en la provincia, como así también las unidades penales, cuyas instituciones totalizan alrededor de 1900 personas privadas de libertad”.

A su turno, el secretario ejecutivo del organismo, Jorge Isetta, señaló que “el Comité comenzó a funcionar en 2015, pero funcionó cuatro años sin presupuesto, con la voluntad de representantes de la sociedad civil y esencialmente del poder judicial, que a través del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Chain, se contó siempre con la colaboración en cuestiones logísticas".

“A partir de 2019 se asignó un presupuesto y empezaron las inspecciones, que fueron también de aprendizajes constantes en los lugares de detención”, manifestó Isetta, a la vez que agregó que "quizás en un principio nos abocamos más en Capital, pero este año después de la pandemia, se pudo recorrer prácticamente toda la provincia a través de los comisionados y el cuerpo técnico del Mecanismo Local”.

“Actualmente hay 12 unidades penales dependientes del Servicio Penitenciario y hemos relevado más de 50 comisarias que funcionan como lugares de detención y otras dependencias donde se constataron que si bien poseen celdas, se encuentran en condiciones deplorables y no están habilitadas para su uso”, señaló.

Por otra parte, se refirió al cambio cualitativo que se obtuvo con el traslado de la Unidad Penal Nº 1 al nuevo complejo, con el cual se tiene algunas discrepancias por las condiciones extremas en cuanto a la forma de detención. Con los comisionados coinciden en que no se necesita en Corrientes cárceles de máxima seguridad como la que se construyó, porque no se cuenta con una población carcelaria como el caso del Chapo Guzmán por ejemplo.

 “Nuestra intención es que el lugar natural del Comité sea en algunas dependencias del antiguo edificio de la Unidad Penal Nº 1. Ese es el pedido que hemos hecho y se ha elevado al Poder Ejecutivo, para que dispongan de oficinas que permitan desarrollar nuestras funcionas. Es un espacio que además debe ser preservado a raíz de los sucesos que vivieron cientos y miles de internos desde su construcción hasta el 2021”, afirmó Isetta.

Señaló además que se consiguió en mucho tiempo que exista un cupo dentro de las unidades penales, pero esto ha significado un agravamiento en las condiciones de detención que se encuentran en las comisarías. Existen fallos internacionales que expresan que las comisarias no pueden funcionar como lugares de detención, solamente son lugares de tránsito. Sin embargo, tenemos entre 300 y 400 personas alojadas en comisarias, que no reúnen las condiciones mínimas; y que en la mayoría de los casos superan los 6 meses de detención, algunos incluso superan los dos años.

“Otro tema que también preocupa es la violencia institucional, existen diferentes causas, como la de Kevin Candia y Exequiel García, en las que se han visto involucrados agentes del Servicio Penitenciario, en el que intervenimos como parte querellante”, precisó Isetta y agregó que “el nuevo Código Procesal Penal también beneficia ahora, porque explícitamente autoriza a intervenir como parte”.

Capítulo aparte merece el tema niñez y adolescencia. En éste sentido indicó que “todos conocen el caso del menor que falleció en Virasoro, donde el Comité entero se constituyó tras notificarse del suceso; y está constituido como parte querellante”. “Esta situación puso al desnudo una realidad en la Provincia de que el sector de Niñez y Adolescencia se encuentra desprotegido. Los dispositivos residenciales que existen no tienen las condiciones que se exigen en los tratados internacionales, ni el personal idóneo. Además, la precarización del personal que presta servicio en estos lugares, afecta también de forma directa e indirecta en el trato que reciben los Niños, niñas y adolescentes.

Destacó que tampoco existe una Ley de protección de niñez y adolescencia, existe una normativa nacional, y si bien hubo una adhesión provincial, nunca se implementó. No hay Defensor o Defensora del Niño, niña y adolescente. Nosotros trabajamos hace tiempo con la Defensoría Nacional y estamos en proceso de realizar un convenio para el cual vamos a utilizar parte de las facultades otorgadas por nuestra ley, porque vamos a ser punto focal de la Defensoría en Corrientes, para poder efectuar las inspecciones en los hogares residenciales. Vale señalar que no podemos entrevistar a los niños, solo nos ocupamos de inspeccionar las condiciones físicas en los lugares de alojamiento, y constatar que tengan acceso a la salud, a la educación, etcétera.

Expresó que "la tarea que nos queda pendiente para 2023, es llegar también con los operativos de Control y Monitoreo a los hogares de ancianos y en los lugares de detención de salud mental. No hemos tenido tiempo de ocuparnos porque el personal es escaso, pero es una temática que también nos convoca.

Finalmente, como un avance importante se refirió al diálogo operativo que mantiene el Mecanismo Local con Jefatura, dado que, a partir de la designación del nuevo jefe de la Policía de la Provincia, se creó una División de enlace que depende directamente de Jefatura, con la que actualmente se tiene un dialogo directo casi diario, dando respuesta a todas las situaciones que se van planteando. En éste sentido señaló que también se tiene muy buen dialogo con el Poder judicial. 

“Este año tuvimos un conversatorio con los Jueces de Garantía de la Provincia; e iniciamos un trabajo conjunto con los jueces de menores a partir de algunas problemáticas que se observaron en el Centro de Contención Juvenil, que fue desalojado para la implementación del hospital de campaña para las personas privadas de libertad y fue trasladado a un espacio con condiciones mínimas”, concluyó el secretario ejecutivo.