El Estado nacional, bajo la gestión de Javier Milei, acordó transferir a la provincia de Corrientes terrenos estratégicos de la capital: el ex Regimiento de Infantería 9 y sectores del Puerto de la ciudad. 

La operación se presenta como compensación por deudas que la Nación mantiene con la provincia, según confirmó el gobernador Juan Pablo Valdés, quien adelantó que la firma del acuerdo podría concretarse la próxima semana.

El predio del ex Regimiento 9 tiene un valor histórico y simbólico particular: funciona como Espacio de Memoria, recordando las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura esclesiastico-cívico-militar, cuando allí funcionó un centro de detención clandestino. Organizaciones de derechos humanos reivindican su preservación como sitio de memoria y de reflexión sobre la historia reciente del país.

A pesar de ello, la cesión de estos predios abre la puerta a un modelo urbano centrado en el negocio inmobiliario, especialmente en la costanera. El gobierno provincial busca desarrollar proyectos de alto valor comercial que priorizan la inversión y la expansión urbana sobre la diversidad de usos y la pluralidad de la ciudad. 

Esta lógica, advierten críticos, pone en riesgo la función social y cultural de espacios clave, transformando sectores con valor patrimonial y de memoria en terrenos orientados principalmente al lucro inmobiliario.

La decisión también se enmarca en una política más amplia del gobierno nacional que incluye la venta y transferencia de bienes estatales como forma de financiar al Estado y a las fuerzas armadas. En este contexto, la cesión del ex Regimiento 9 y del puerto no solo tiene consecuencias económicas, sino que también refleja la tensión entre desarrollo urbano, memoria histórica y modelos de ciudad centrados en el negocio inmobiliario.