En la historia del terrorismo de Estado en Corrientes hay nombres que aún no encontraron justicia en los tribunales. Uno de ellos es el de Pedro Fortunato “Ito” Gómez, militante comunista que murió bajo tortura el 15 de agosto de 1977 en el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9). Su historia atraviesa la militancia política de los años setenta, la represión ilegal de la dictadura y una memoria familiar que todavía hoy se reconstruye.

Ito tenía 39 años cuando fue secuestrado. Era trabajador de la organización comunitaria Cordic, que en aquellos años sostenía puestos de información y asistencia para enfermos cardíacos en la ciudad de Corrientes. El suyo funcionaba en el antiguo mercado municipal, en el lugar donde hoy está la plaza Juan de Vera. Además de ese trabajo comunitario, militaba en el Partido Comunista y era responsable de la distribución de la prensa partidaria.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona solidaria, cercana a los sectores más humildes y profundamente comprometida con sus compañeros y compañeras de militancia.

La noche de su secuestro lo encontró en una situación cotidiana. Estaba cuidando a los hijos de Gladis López, una compañera. Cuando los grupos de tareas llegaron a la casa de la calle San Lorenzo 2368 para buscarla, Ito fue quien enfrentó la situación.

Según el relato posterior de Gladis, los militares lo golpearon y lo torturaron incluso en el patio de la vivienda antes de llevárselo detenido. Aquella noche quedó marcada también por otra escena. Uno de los niños, de apenas siete años, fue apuntado con una ametralladora para que dijera dónde estaba su madre. El chico se negó.

Ese niño era Fabio Acevedo, quien años más tarde se convertiría en guitarrista del conjunto chamamecero Los de Imaguaré.

Después del operativo, Ito fue trasladado al Regimiento de Infantería 9, que durante la dictadura funcionó como centro clandestino de detención. Allí fue sometido a interrogatorios y sesiones de tortura. Tenía una dolencia cardíaca previa que terminó agravándose durante los tormentos. El 15 de agosto de 1977 murió en ese lugar.

Testimonios posteriores señalaron que se negó a delatar a otros militantes. Esa decisión, según quienes reconstruyeron el caso, permitió salvar la vida de varios compañeros.

Durante años, su historia quedó sostenida por la memoria de quienes lo conocieron. Gladis López y otros militantes conservaron su recuerdo como el de un compañero solidario que enfrentó la represión sin entregar a nadie.

En los últimos tiempos, parte de esa historia comenzó a reconstruirse también desde la familia. A través de Victoria Barcia, pareja de uno de sus sobrinos nietos, volvieron a reunirse relatos, documentos y fotografías que permiten recuperar su figura más allá del expediente judicial. Entre esas imágenes hay una que lo muestra con los hijos de Gladis, a quienes estaba cuidando el día de su secuestro, y otra junto a uno de sus hermanos.

Sin embargo, la pregunta judicial sobre su muerte sigue abierta

Primero está el juicio del Regimiento de Infantería 9 realizado en 2008, el primer proceso por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Corrientes. Ese juicio investigó el funcionamiento del RI9 como centro clandestino de detención durante la dictadura. El tribunal dio por probado que en ese lugar se practicaron secuestros, torturas y detenciones ilegales contra militantes políticos y sociales. 

En esa causa fueron condenados cuatro represores:

Rafael Julio Manuel Barreiro, ex coronel del Ejército, condenado a prisión perpetua.

Juan Carlos De Marchi, ex capitán del Ejército, condenado a 25 años de prisión.

Horacio Losito, también ex coronel del Ejército, condenado a 25 años de prisión.

Raúl Alfredo Reynoso, ex gendarme, condenado a 18 años de prisión.

El gendarme Carlos Roberto Piriz fue absuelto. 

Ese juicio se basó en 14 víctimas que habían pasado por el centro clandestino del regimiento y permitió probar judicialmente que el RI9 funcionó como parte del aparato represivo en Corrientes. Durante el proceso incluso se identificó el cuerpo de una de las víctimas, el estudiante Rómulo Artieda. 

Para ese primer juicio el Partido Comunista de la Argentina y la Liga Argentina por los Derechos Humanos intentaron ser querellantes para buscar justicia del asesinato de Ito. Pero eso no fue permitido. 

Muchos años después se abrió el proceso más grande realizado en la provincia por estos delitos, conocido como la megacausa de la Brigada de Infantería VII, que investigó el funcionamiento del aparato represivo en toda la subzona militar 23. En ese juicio se analizaron más de 100 casos de secuestros, tormentos y privaciones ilegales de la libertad, además de desapariciones y homicidios. 

La sentencia se dictó en 2023 y condenó a siete represores:

Horacio Losito (ex oficial de inteligencia del RI9), 25 años de prisión.

Juan Carlos De Marchi (ex oficial de inteligencia del RI9), 25 años.

Raúl Reynoso (ex alférez de Gendarmería), 18 años.

Eduardo Cardoso (ex oficial del comando de la Brigada VII), 15 años.

Abelardo de la Vega (ex coronel del RI9), 12 años.

Raúl Horacio Harsich (ex teniente primero del RI9), 8 años.

Pedro Alarcón (auxiliar de inteligencia de Gendarmería), 4 años.

Otros dos acusados resultaron absueltos. 

Este segundo juicio permitió ampliar el alcance de las investigaciones: abarcó crímenes cometidos contra más de un centenar de víctimas en Corrientes y otras provincias del nordeste bajo la órbita de la Brigada VII. 

Sin embargo, incluso después de estos procesos, muchos casos individuales no llegaron a ser juzgados o quedaron fuera de las causas principales. Entre ellos aparece el de Pedro Fortunato “Ito” Gómez, militante comunista secuestrado y muerto bajo tortura en el RI9 el 15 de agosto de 1977.

En otras palabras: hubo juicios que demostraron el funcionamiento del aparato represivo en Corrientes y condenaron a varios de sus responsables. Pero todavía hay historias concretas —como la de Ito— que no tuvieron un proceso judicial propio ni una sentencia que establezca responsabilidades por su muerte.

Su nombre sigue siendo una de las historias del RI9 que todavía esperan un juicio propio y una sentencia que establezca responsabilidades por su muerte.

Mientras tanto, su memoria continúa transmitiéndose entre compañeros, amigos y familiares. En esa persistencia también se sostiene la exigencia de justicia.