Para la justicia correntina la muerte de José Carlos "Killi" Rivero  a causa del agronegocio no representa un hecho prioritario y “prorrogar la fecha de audiencia no ocasiona un gravamen relevante”, según el mismo comunicado. 

Kili y su familia vivían en Puerto Viejo, Lavalle, al lado de la tomatera del ex presidente de la Asociación Hortícola del pueblo, Oscar Antonio Candussi, quien está imputado por “homicidio culposo”, y señalado como responsable de la muerte del niño debido a los químicos utilizados en sus cultivos. La causa de la muerte fue intoxicación con un organofosforado, utilizado como insecticida, altamente tóxico.

"La postergación por tiempo indefinido parece tener como objetivos dilatar aún más el proceso, beneficiar al imputado y garantizar la impunidad. Otra vez el Estado, responsable de controlar a las empresas e impartir justicia, hace caso omiso ante toda una comunidad que viene exigiendo respuestas desde hace más de 10 años", expresaron desde Guardianes del Ibera.

Kili tenía 4 años cuando después de haber pasado por los hospitales de Lavalle, Santa Lucía, Goya y la Capital Correntina, finalmente murió en el hospital Garraham de Buenos Aires. Fue la segunda muerte de un niño campesino en el lapso de un año, antes fue Nicolas Arévalo, también como consecuencia de las aplicaciones con agrotóxicos, en la localidad de Lavalle, Corrientes.

"Exigimos que la justicia correntina establezca una nueva fecha para la audiencia suspendida, ya que de otra manera el juicio quedará en pausa por tiempo indefinido", expresan pobladores y Guardianes del Ibera. 

También denuncian a este modelo de producción "asesino, la codicia del agronegocio, que beneficia a unos pocos, que son a la vez cómplices y responsables de llenar con venenos nuestros territorios, nuestros alimentos y nuestra vida campesina. Redoblamos el compromiso con la lucha, tenemos para dar todos los años que les quitaron a Killy, Nico, Rocío y todas las infancias campesinas que padecieron y aún padecen el uso criminal de estos tóxicos".