Un análisis de Nueva Mirada

Desde que se conoce la desaparición de Loan Peña en Corrientes, el caso está teñido de sospechas. No solo por lo que sucedió en aquel almuerzo trágico, sino por todo lo que ocurrió después: una seguidilla de decisiones judiciales, intervenciones políticas y maniobras mediáticas que parecen tener más que ver con proteger intereses que con buscar la verdad.

El pueblo correntino salió a la calle a exigir justicia y respuestas. ¿La reacción del oficialismo? Acusar a los manifestantes de tener “intereses políticos”, deslegitimando así la voz popular. Lo irónico es que quienes denuncian la politización serian, desde el inicio, los principales responsables de operar desde adentro.

El 29 de junio, el gobernador de Corrientes anunció públicamente una supuesta “resolución” del caso, apoyado en una declaración que habría sido falsa, realizada por Laudelina Peña en tribunales provinciales, fuera del fuero competente. 

Esa declaración se presentó como reveladora, pero terminó funcionando como un manto de encubrimiento. Según la misma Laudelina, dicha declaración habría sido inducida bajo presión y con promesas de dinero, y quienes habrían participado en el traslado irregular de Laudelina son el abogado José Codazzi y el senador Diego Pellegrini.

Un dato clave: tras una reunión entre el gobernador y la familia de Loan, el abogado Fernando Burlando es reemplazado el 29 de agosto. A partir de entonces, se hacen cargo de la querella los abogados Juan Pablo Gallego y Roberto Méndez. 

Sin embargo, ambos renunciaron en menos de 48 horas en los últimos días de marzo, luego de que se conociera que la jueza a cargo de la investigación, Cristina Pozzer Penzo, tomó la sorpresiva decisión de cerrar la etapa de instrucción, pese a que aún quedan numerosas pruebas por producir y además había anunciado que la etapa llegaba a junio.

Simultáneamente, la investigación comienza a cerrarse aceleradamente, justo cuando el calendario electoral en Corrientes comienza a calentarse.

La defensa de Nicolás “El Americano” Soria –uno de los detenidos del caso– presenta un escrito solicitando la nulidad del cierre de la instrucción y la recusación de la jueza Cristina Pozzer Penzo por supuesta parcialidad. Denuncian vínculos personales de la magistrada con actores clave de la causa, y la omisión deliberada de pruebas esenciales que son solicitadas desde hace meses.

Los abogados Sonia López y Yamil Castro Bianchi reclaman particularmente las declaraciones testimoniales del abogado José Codazzi y del senador Diego Pellegrini, ya que ellos habrían sido quienes trasladan a Laudelina Peña hasta Corrientes para que realice la declaración falsa que luego el gobernador anuncia como resolución del caso. Estas pruebas, sostienen, son claves para el esclarecimiento de los hechos y la defensa en juicio de su defendido.

La justicia, mientras tanto, rechaza la excarcelación de Soria y decide avanzar hacia el juicio con los detenidos vinculados a la Fundación Dupuy y los principales involucrados en el almuerzo del 13 de junio: el comisario Walter Maciel, Walter Pérez, Victoria Caillava y Antonio Benítez. Se inicia así un camino procesal sin esclarecer aún quiénes habrían encubierto o facilitado la falsa versión que desvió la causa.

Más grave aún: la justicia nunca deja en claro cuál es la hipótesis principal que maneja sobre el caso. Más allá del intento de instalar la idea de un accidente a través de la declaración falsa de Laudelina, no se conoce una línea clara de investigación ni un relato coherente de lo que se cree que pudo haber sucedido con Loan. Tampoco se entiende el vínculo entre los primeros detenidos y la Fundación Dupuy. Las denuncias contra otros actores, como Codazzi y Pellegrini, se derivan a expedientes “conexos”, que hoy descansan bajo el polvo en un cajón del fiscal De Guzmán. 

El poder político correntino parece decidido a cerrar este caso sin permitir que se conozca toda la verdad. Y la justicia, en lugar de actuar como contrapeso, parece estar cooptada por los mismos intereses que debería estar investigando.

El caso Loan ya no es solo una tragedia familiar. Es un espejo de cómo, en ciertas provincias, la justicia puede ser usada como herramienta de impunidad y persecución. La ciudadanía merece saber qué pasa con Loan, pero también quiénes están frenando la verdad y por qué.