Por Jeremias Giordano

La historia de Maximiliano “Maxi” Aquino, asesinado en 2015 en Corrientes, sigue siendo una herida abierta. Pero esa herida no solo la lleva su familia: también la carga Josele Altamirano, el joven que fue condenado injustamente por ese crimen y pasó ocho años preso por un delito que no cometió.

La madrugada del 1 de agosto de 2015, Maxi Aquino fue asesinado durante un "intento de robo" en el barrio Aldana. Horas después, Josele fue detenido por la policía. Lo que siguió fue un calvario. Según denuncias presentadas desde el primer momento, Altamirano fue brutalmente golpeado, torturado e incluso abusado sexualmente por efectivos policiales. 

En ese contexto de violencia, fue forzado a grabar un video en el que se lo ve golpeado, declarando haber cometido el crimen. Un video que, en vez de ser prueba de su culpabilidad, debería haber sido prueba de la brutalidad con la que se lo obligó a mentir.

Josele no solo fue absuelto por la justicia. Fue víctima de un proceso judicial viciado desde el inicio. Detenido arbitrariamente, sin pruebas sólidas, y —según denuncias que nunca se investigaron con la seriedad que merecen— obligado a firmar una declaración autoincriminatoria bajo tortura. Un caso armado. Así lo calificó ANCCOM, el medio de la Facultad de Sociales de la UBA, en una profunda investigación que dejó al desnudo la fragilidad del expediente.

Pese a todas estas irregularidades, el Tribunal Oral Penal N°2 de Corrientes lo condenó en 2016 a 22 años de prisión. Pasaron años sin que se escucharan sus denuncias ni se investigara a fondo cómo fue involucrado en el caso. Fue recién en 2023 que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al revisar la causa, revocó su condena. En 2024, finalmente, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes lo absolvió de forma definitiva.

La persecución no puede disfrazarse de búsqueda de justicia. Si la causa Maxi Aquino necesita avanzar, que se investigue de verdad, que se busquen nuevos elementos, que se repare a la familia con la verdad, pero sin volver a convertir a un inocente en chivo expiatorio.

Sin embargo, a pesar de su absolución, Josele sigue siendo citado, hostigado, expuesto públicamente. Como si su inocencia no importara. Como si no hubiera suficiente con los años que le arrebataron, con las violencias que sufrió, con todo lo que perdió.

La justicia tiene una deuda doble: con la familia de Maxi, por no haber encontrado aún a los verdaderos responsables; y con Josele, por haberlo arrastrado por años a un infierno judicial que no le correspondía.

La madre de Josele lo dijo con claridad en una entrevista reciente: “La justicia tiene que dejar de perseguirlo”. Y no es solo un deseo maternal, es un reclamo justo, legítimo y urgente.

Seguir hostigándolo no es justicia. Es persecución. Es violencia institucional. Es revictimizar a alguien que ya fue víctima de un sistema que eligió cerrar una causa con un culpable fácil, en vez de buscar la verdad.

Josele Altamirano fue absuelto. Estuvo preso ocho años por un crimen que no cometió. Fue torturado, abusado, silenciado. Hoy, la justicia le debe paz. Le debe reparación. Y sobre todo, le debe no volver a tocarlo nunca más.