El viernes el Tribunal Oral Penal de Goya dictará el veredicto en la causa que juzga a Ana Clara Velázquez bajo la carátula de “homicidio culposo agravado por el vínculo”. La mujer de treinta años de edad, oriunda de Esquina, cursaba su tercer embarazo cuando hace ocho meses tuvo complicaciones. 

Acorde al relato de su abogada, Natalia Ávalos, la muerte del feto sucedió en el marco de una emergencia obstétrica. Ana desconocía el tiempo de gestación, sintió dolores en el vientre, no tuvo tiempo para pedir asistencia y ocurrió un parto domiciliario. La letrada remarcó que el hecho se puede determinar como interrupción no voluntaria del embarazo, para aclarar la gravedad del Tribunal al llevar una causa bajo esta carátula.

“Cuando la llevan a la guardia no la revisan como corresponde. No tuvo una asistencia psicológica y tuvo poca asistencia médica. Ana tiene una hija de once años y un hijo de seis y una situación extrema de vulnerabilidad cultural, económica y social en la que se encontraba incluso antes de ser detenida”, explicó Natalia en diálogo con el diario El Destape. 

En noviembre del año pasado Ana sobrevivió a la emergencia obstétrica en la que además quedó en estado de shock, lo que implica que casi no pueda emitir palabra, y del que de a poco se está recuperando. Desde esa fecha y hace 8 meses, que se encuentra detenida en la Comisaría de Esquina imputada por homicidio. 

Cuando el caso se conoció en la prensa local, los textos se emitieron bajo características condenatorias. “Hay una vulneración y criminalización hacia las mujeres, sobre todo pobres, sin acceso a una defensa técnica y efectiva y a una Justicia que realmente crea en ellas”, señaló Natalia al mismo medio. 

Sucede que el caso de Ana no es el único en la provincia y tampoco en el país. Existen 1532 personas criminalizadas por abortar en Argentina, acorde a una investigación realizada entre 2018 y 2020 por la Comisión Libres las Queremos en el marco de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. 

En Esquina la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, a cargo de Javier Mosquera, la imputó por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y alevosía”. Decisión que acompañó Gustavo Vallejos, juez de Garantías de la localidad, al dictar para Ana prisión preventiva por ciento ochenta días. 

Desde este lunes ella se enfrenta a una Justicia que criminaliza a las personas gestantes en situaciones de vulnerabilidad. Un sistema judicial que en lugar de hacer foco en las pocas condiciones de quienes viven en el interior provincial, de acceder de forma rápida y segura al sistema de salud, juzga los hechos que derivan de esas situaciones y como si fuera poco, se abstrae de toda perspectiva de género establecida en las normativas nacionales. 

En una provincia declarada “pro-vida” y en la que la Iglesia influye mucho en las decisiones públicas, la condena social y el señalamiento de la “mala madre” son factores que describen incluso a la Justicia local. “No es sólo con Ana, es contra todas”, enfatizó Natalia. 

Tras la poca repercusión del caso en medios provinciales y la evidente falta de perspectiva de género del Tribunal, organizaciones feministas correntinas se congregaron para apoyar a Ana y exigir su absolución. Este miércoles desde las 9:30 horas realizarán una convocatoria para visibilizar este caso y todos los de similares características en Corrientes. 

A la par, la organización Memoria Derechos Humanos y Solidaridad y el Comité Provincial Contra la Tortura piden al Tribunal conformado por los jueces Jorge Antonio Carbone, Julio Ángel Duarte y Ricardo Diego Carabajal, se aplique la perspectiva de género. Piden que el juicio y el veredicto se den en el marco de la neutralidad judicial, para abrir paso a casos similares que se puedan presentar en el futuro. 

Por su parte, Rosana Fanjul que integra la Comisión Libres las Queremos, explicó a El destape que el evento obstétrico al que sobrevivió Ana se denomina “parto en avalancha”. Lo que implica un parto rápido que si se hubiera dado en un centro de salud, habría concluido de forma diferente. 

Para finalizar, Natalia remarcó que “Nunca se priorizó el principio de inocencia. En la autopsia pedida por el fiscal dice que hay indicios de que algunas lesiones podían ser vitales, pero para determinarlo se envió a análisis patológico. La conclusión es que no se puede determinar que haya nacido con vida”. 

Las pericias están a cargo de la médica forense Ivana del Carmen Fernández y el psiquiatra forense Leonardo Luna Salvetti. Ellxs deben determinar si el feto logró respirar o no, lo que implicaría el nacimiento de una persona viva o el parto de un feto muerto. Sucede que el feto fue hallado en el terreno familiar de Ana con lesiones.