Esta nota pretende ser una introducción al artículo científico de Maria Florencia Rus: "Expansión urbana mediante urbanizaciones cerradas en el Gran Corrientes, Argentina. Patrones de localización, incidencia de políticas públicas y conflictos ambientales (2000-2024)", publicado en la revista Geografica Digital de la UNNE:

 https://revistas.unne.edu.ar/index.php/geo/article/view/8436

Por Florencia Rus

Durante casi un cuarto de siglo, el Gran Corrientes vivió una transformación silenciosa pero profunda: un crecimiento urbano guiado más por los intereses inmobiliarios que por una planificación pública integral. 

El fenómeno, identificado en el artículo científico que esta nota introduce, tuvo como eje la expansión de urbanizaciones cerradas sobre humedales, lagunas y áreas ecológicamente frágiles. Un patrón que no solo redefinió la ciudad, sino también los conflictos socioambientales que hoy atraviesa esta área urbana, en el marco de diversas crisis cíclicas asociadas a los efectos del cambio climático. 

Entre 2000 y 2024, se contabilizaron 37 urbanizaciones cerradas distribuidas en cinco zonas del periurbano correntino. Su localización no fue casual: se instalaron sobre ambientes con alto valor ecológico —humedales lacustres y ribereños, márgenes de lagunas y corredores viales estratégicos— donde la rentabilidad inmobiliaria encontró terreno fértil. 

Estas áreas, que deberían funcionar como amortiguadores naturales del clima y del agua, y que cumplen servicios ecosistémicos para reducir riesgos por inundaciones o incendios, quedaron reconfiguradas por rellenos, subdivisiones privadas y modificaciones en los escurrimientos.

El estudio señala que la expansión inmobiliaria se consolidó por la conjunción de selectividad espacial del capital, escasa regulación pública y prácticas estatales que, lejos de frenar el avance, en muchos casos lo habilitaron mediante regularizaciones ex post. 

En otras palabras: existen diversas situaciones que combinan la falta de control e irregularidades por parte de actores privados, se buscan regularizar posteriormente por los municipios. Esto implica también la producción de suelo en áreas inundables, sin infraestructuras o con condiciones urbanas deficitarias. 

Inundaciones e incendios

Uno de los hitos que expuso la fragilidad del modelo fue el período 2016–2017, marcado por eventos climáticos intensos. Las inundaciones afectaron de manera desigual a distintos sectores sociales.

Mientras los barrios populares quedaron bajo agua, muchas urbanizaciones cerradas —“polderizadas”, elevadas con rellenos— drenaron ese exceso hídrico hacia afuera de sus límites. Así se puso en evidencia un modo de crecimiento urbano que traslada costos ambientales hacia quienes menos recursos tienen.

Algo similar ocurrió durante la sequía prolongada entre 2020 y 2022. Los conflictos se concentraron en torno a la Reserva Laguna Brava, donde vecinos y organizaciones socioambientales denunciaron la destrucción de humedales, el avance de loteos sobre áreas protegidas y la falta de controles efectivos. Por otro lado a partir de 2020 se comenzaron a registrar incendios en zonas de alto interés inmobiliario, agravados por las modificaciones previas en la topografía y el sistema hídrico.

El analisis histórico muestra que el Estado provincial y municipal han ocupado un rol facilitador de este crecimiento en la mayor parte del tiempo. Sea mediante normativas específicas que las permitian y procesos de aprobación sin o con pocos controles ambientales. 

Las urbanizaciones cerradas no solo alteraron el ambiente: también generaron un modelo urbano fragmentado, de baja densidad y difícil de sostener en infraestructura. 

La expansión sobre humedales obliga luego a grandes inversiones en obras públicas —caminos, drenajes, servicios— que suelen ser financiadas con recursos estatales, aun cuando los beneficios principales recaen en desarrolladores privados y sectores de mayores ingresos.

En paralelo, la ciudad de Corrientes empezó a actuar como referencia para otras localidades del área metropolitana e incluso de provincias vecinas. Las regulaciones y prácticas adoptadas aquí se replicaron en municipios cercanos, ampliando el alcance del modelo de crecimiento basado en enclaves cerrados y expansión dispersa.

El trabajo científico subraya que este proceso reproduce desigualdades socioecológicas: ofrece espacios urbanos de alta calidad para pocos, mientras aumenta el riesgo ambiental para muchos. Al modificar humedales que actúan como esponjas naturales, se incrementa la vulnerabilidad hídrica de los barrios más expuestos. Al mismo tiempo, la privatización de áreas ribereñas reduce el acceso colectivo a bienes públicos como lagunas, costas y corredores verdes.

Después de 24 años de expansión guiada por el mercado, el territorio resulta más fragmentado, más dependiente del automóvil y con mayores tensiones entre conservación y negocio inmobiliario. El estudio propone que Corrientes enfrenta hoy el desafío de redefinir el rumbo: sostener un modelo que prioriza la rentabilidad o avanzar hacia una política pública que reconozca los valores socioecológicos de ecosistemas como los humedales, bosques nativos y pastizales.  

El análisis plantea una pregunta de fondo: ¿qué ciudad se está construyendo cuando el eje del crecimiento es la valorización privada de la tierra y no la protección de los ecosistemas que garantizan la vida urbana? Esa discusión es urgente en un escenario de cambio climático, donde cada relleno o cada laguna cercada puede amplificar los riesgos colectivos.

Finalmente, el artículo científico señala que la disputa por el territorio no es solo técnica ni ambiental, sino profundamente política. Requiere repensar la relación entre Estado, mercado y ciudadanía para evitar que el futuro urbano quede definido por decisiones privadas sobre bienes comunes. Su aporte es ofrecer evidencia concreta para abrir ese debate, indispensable si se quiere construir un modelo metropolitano más justo, sostenible y democrático.