Un análisis de Nueva Mirada

María Fernanda tenía 17 años, estaba embarazada y quería tener a su bebé. El 2 de junio, su cuerpo fue hallado semicalcinado y semienterrado frente a la casa del presunto femicida, en un terreno baldío de la localidad de Coronel Oviedo, Paraguay.

El crimen no fue solo un acto de violencia brutal. Fue el desenlace de una cadena de violencias: institucionales, culturales, médicas y familiares. Violencias que siguen acumulando nombres en la lista de muertas que el sistema no quiso cuidar.

Un aborto forzado, un asesinato y muchas complicidades

Según la investigación judicial, María Fernanda fue forzada a abortar con pastillas, pese a haber manifestado su deseo de continuar con el embarazo. La maniobra habría sido organizada por el presunto femicida —también de 17 años— con la ayuda de una amiga estudiante de medicina, identificada como Micaela, quien le habría indicado cómo inducir el aborto. María Fernanda se desangró. En lugar de pedir ayuda, el joven decidió matarla.

Pero él no actuó solo. Hasta ahora hay seis personas detenidas, y la causa sigue avanzando:

1. El presunto femicida, de 17 años, imputado por homicidio doloso, tentativa de aborto y violación del deber de cuidado ciudadano.

2. Micaela, estudiante de primer año de medicina, quien le habría indicado cómo realizar el aborto.

3. Ricardo Villamayor, suegro del presunto femicida, acusado de participar en una red de secuestro de menores. En su casa fue encontrada la moto utilizada por el joven, lo que lo vincula directamente con la logística del crimen.

4. Franco Acosta, dueño de una farmacia, detenido por haber vendido las pastillas abortivas sin prescripción ni control.

5 y 6. Los padres del presunto femicida, detenidos en San Bernardino. Él, guardiacárcel; ella, docente. Para la justicia paraguaya, tenían conocimiento del hecho. Se investiga si encubrieron el crimen y colaboraron en la fuga de su hijo. Ambos se ausentaron de sus trabajos en la semana del femicidio y se alojaron con el menor en un hotel tras el asesinato.

El fiscal Fermín Segovia y la fiscal Gladys Viola Rojas manejan como hipótesis principal que los padres no participaron directamente en el crimen, pero sí encubrieron al hijo con maniobras de distracción y protección.

Otro punto clave es la pareja actual del presunto femicida, hija de Villamayor. Según nuevas pericias, ella también habría sido forzada a abortar, lo que plantea un patrón sistemático. Además, se investiga si fue quien trasladó a María Fernanda hasta el lugar del hecho, lo que podría configurarse como complicidad o participación directa, aunque aún no está imputada.

La causa de muerte, aún en estudio

El médico forense Pablo Lemir explicó que aún se esperan resultados específicos de laboratorio para confirmar la causa de muerte. El cuerpo presentaba hemorragia en el lado izquierdo del abdomen y signos de calcinamiento, compatibles con un aborto forzado y posterior homicidio. Hasta entonces, la carátula médica es “causa de muerte en estudio”.

El derecho a decidir, criminalizado

En Paraguay, el aborto solo es legal si corre peligro la vida de la mujer. El resto de los casos se penaliza con cárcel. Esa legislación no solo empuja a miles de mujeres a abortos clandestinos, sino que niega derechos fundamentales, sobre todo a niñas y adolescentes. María Fernanda no tenía acceso a información, ni redes de contención, ni autonomía para decidir con libertad. Su muerte es también consecuencia de eso.

Organizaciones feministas denuncian que en el país cada día niñas de menos de 14 años son obligadas a parir, y que la criminalización del aborto no salva vidas, las destruye.

Mientras Paraguay se estremece ante este caso, en Argentina el gobierno de Javier Milei sostiene una ofensiva directa contra los feminismos. Hace semanas, en el marco de la OEA, la representación argentina declaró que se disociaba de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, acusándola de no respetar los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El punto de conflicto: la defensa del aborto legal.

La medida es inédita: nunca antes un gobierno argentino había objetado públicamente la participación de una ONG feminista en un foro internacional. Pero se inscribe en una línea más amplia: corte de financiamiento, eliminación de programas de género y persecución política a quienes luchan contra las violencias patriarcales.

Desde Católicas organizaron una conferencia de prensa en su sede de Avenida Corrientes, donde denunciaron que el gobierno busca silenciar a quienes denuncian las muertes evitables, como la de María Fernanda.

El gobierno argentino dice defender la vida desde la concepción. Pero no garantiza educación sexual, ni acceso a anticonceptivos, ni redes de cuidado, ni justicia con perspectiva de género. No protege las vidas que ya están en riesgo. No acompaña a quienes atraviesan embarazos no deseados o forzados. No escucha a quienes piden ayuda.

La historia de María Fernanda es una advertencia. No se trata solo de un crimen atroz, sino de un sistema que reproduce las condiciones para que esas muertes sigan ocurriendo.

Y mientras los gobiernos atacan a quienes luchan contra ese sistema, la pregunta es inevitable: ¿de qué vida están hablando?