El silencio en la sala del Tribunal Oral Penal Nº 1 fue espeso cuando se leyó la sentencia. Prisión perpetua. Así terminó, al menos en el plano judicial, una historia marcada por la violencia estatal y el dolor prolongado. Víctor Andrés Molina y Héctor Osvaldo Ortiz, agentes del Servicio Penitenciario de Corrientes, fueron condenados por el delito de tortura seguida de muerte por el asesinato de Héctor Exequiel “Manchita” García, ocurrido en enero de 2021 en la Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano.

El fallo reconoció lo que la familia sostuvo desde el primer día: García murió bajo custodia del Estado y como consecuencia directa de las golpizas recibidas. El tribunal también ordenó rectificar la partida de defunción, incorporando la causa real de la muerte: tortura, un gesto que excede lo administrativo y deja una marca institucional difícil de borrar.

El proceso judicial, sin embargo, estuvo lejos de ser lineal. Ocho penitenciarios llegaron al banquillo de los acusados, pero solo dos recibieron la pena máxima. Seis fueron absueltos por el beneficio de la duda, una resolución que volvió a tensionar el clima en la sala y dejó un sabor amargo en quienes siguieron el juicio como una oportunidad de verdad completa.

Mientras el expediente avanzaba entre declaraciones, pericias y audiencias, la violencia institucional no quedó confinada al pasado. En medio del proceso, Yoan García, hermano de Manchita, fue detenido en un procedimiento que la familia denunció como arbitrario. Según relataron, Yoan habría sido apresado “por ser el hermano de Manchita”, en un episodio que volvió a poner bajo sospecha el accionar de las fuerzas de seguridad y profundizó la sensación de hostigamiento hacia el entorno más cercano de la víctima.

Ese hecho no fue un episodio menor ni aislado: se inscribió en una trama más amplia de intimidaciones, silencios y gestos de poder que acompañaron el derrotero judicial. Para la madre de Manchita, Laura Silvero, el proceso no solo fue una búsqueda de justicia por su hijo asesinado, sino también una lucha constante para que el Estado deje de mirar a la familia como un problema y empiece a mirarse a sí mismo.

Durante el juicio, uno de los acusados llegó incluso a declarar minimizando los hechos, lo que generó indignación y un nuevo pedido de detención por parte de la querella. Cada audiencia reabría heridas, pero también reforzaba una certeza: la muerte de Manchita no fue un exceso individual, sino el resultado de una práctica sostenida de violencia dentro del sistema penitenciario.

La condena a perpetua marca un precedente fuerte en Corrientes. Reconoce el delito, nombra la tortura y responsabiliza penalmente a quienes la ejecutaron. Pero también deja preguntas abiertas: por las absoluciones, por las complicidades que no llegaron a juicio y por las nuevas vulneraciones que ocurrieron mientras el caso aún estaba en trámite.

Para la familia García, el fallo no es un cierre. Es, apenas, una forma de decir que Manchita no murió en vano y que, al menos esta vez, la violencia del Estado encontró un límite en una sentencia escrita.