El pasado 24 de enero a las 3 de la madrugada, en la calle Antequeras, entre Zárate y Hernandarias, fue demorado, golpeado salvajemente y trasladado a una Dependencia Policial; Brian Horacio Tavarez de 24 años de edad, en un operativo policial que involucró a agentes y oficiales de las Comisarías Segunda y Décimo Segunda.

Minutos después ingresaba sin vida al Hospital Escuela trasladado por la propia policía.

La Asociación Justicia Legítima Nordeste exige la aplicación imprescindible del Protocolo de Minnesota tanto para la realización de la autopsia como para el desarrollo de la causa judicial. Ello como forma de garantizar una investigación independiente e imparcial ante una muerte en contexto de violencia policial.

El “Protocolo de Minnesota” o “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias” es un procedimiento recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se trata de un "manual de procedimiento" que tiende a evitar que los funcionarios del Estado sospechosos de haber cometido crímenes puedan actuar o influir en la investigación de una muerte.

De reciente visita en Corrientes el relator de la Organización de Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, señaló a funcionarios provinciales y al Comité de Prevención de la Tortura, la imprescindible aplicación del Protocolo, siendo la única provincia que inexplicable aún no lo aplica .

La norma elaborada en 1991 establece estándares de buenas prácticas técnicas que se deben aplicar para determinar si una persona fallecida fue ejecutada. Esta "guía" recomienda, además, que se constituya una comisión investigadora independiente en este caso del Estado Correntino y la policía provincial, con recursos y facultades suficientes a fin de llegar a la verdad.

La Investigación debería estar a cargo de una Fuerza Federal y no de la Policía Provincial como lo es actualmente, lo que es claramente violatorio del Protocolo.

En cuanto a la autopsia, el Protocolo Minnesota determina una serie de pautas estrictas a fin de detectar evidencias e indicios de lesiones y golpes en el cuerpo, así como cortes, desgarros y rotura de la vestimenta, etc; para determinar si la víctima fue objeto de una ejecución extralegal, arbitraria y sumaria. Además, exige la participación de expertos en estos casos en la realización de la misma.

También, de acuerdo al Protocolo Minessota, se demanda a las autoridades la no intromisión en la investigación judicial con declaraciones de instalación de hipótesis o la filtración de supuestas pruebas como ocurriera con el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, y el fiscal general, César Sotelo, en los casos de Kevin Candia y del Diputado Miguel Arias.

El Protocolo se aplica para todos los países miembros de la ONU y en su presentación se lee que "toda muerte en circunstancias sospechosas ocurrida en cualquier parte del mundo es en potencia una vulneración del derecho a la vida, calificado frecuentemente como el derecho humano supremo, por lo que la prontitud, imparcialidad y eficacia de la investigación es fundamental para que no prevalezca la impunidad y se imponga una cultura de rendición de cuentas".