A 24 años de la represión a la protesta social en la cabecera del Puente Corrientes-Chaco, sectores sociales y de derechos humanos reiteraron el reclamo de justicia por las víctimas y castigo a los responsables materiales y políticos.

La represión se produjo el 17 de diciembre de 1999, y provocó decenas de heridos y la muerte de Mauro Ojeda y Francisco Escobar. 

Los organismos de derechos humanos, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó "la responsabilidad del Estado por la denegación de justicia".

Como también, "la responsabilidad internacional de la República Argentina  ante las violaciones a la obligación de respetar los derechos y a los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y garantías de protección judicial".

Y, finalmente, que "se mantiene la necesidad moral y jurídica de la  investigación penal por los homicidios y tentativas de homicidios". 

Por lo que "redoblaremos los esfuerzos para garantizar que se haga justicia y no se amparen en la impunidad los responsables materiales y políticos de la feroz represión al pueblo correntino", afirmaron. 

Asimismo, "seguiremos avanzando también en la preservación de la  verdad y de la memoria histórica,  que hoy adquiere inusitada relevancia  con las políticas de ajuste, recesión y represión (como en el ’99) que trae consigo el discurso del gobierno entrante y en particular por las declaraciones de la ministra de seguridad en orden a la represión de la protesta social", añadieron.

Por último, convocaron a acompañar a los familiares de las víctimas este domingo a las 19 horas en las cruces que honran la memoria de Mauro Ojeda y Francisco Escobar; ubicadas en la Avenido 3 de abril y Chaco.