El 19 de mayo del año 2022, la jueza Federal, Zunilda Niremperger, dictaba la sentencia, en el juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpi, y declaró “la responsabilidad del Estado Nacional Argentino por la planificación, ejecución y encubrimiento de la Masacre de Napalpi”.

“Con la comisión delito de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal, asesinando entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqoit y Qom, y por el delito de reducción a la servidumbre en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco”, añadió en el fallo. 

En ese sentido consideró a los delitos “crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.  

El juicio y la sentencia marcaron un precedente, siendo el primer debate oral y público y la primera sentencia firme, sobre el Genocidio cometido por el Estado Argentino a los Pueblos Indígenas, tomando como antecedente los juicios por la verdad de los años 90, cuando estaban vigentes las leyes de punto final y obediencia debida y permitían la reconstrucción de la verdad a pesar de no poder tener imputados formalmente. 

En el caso de Napalpi todos los responsables fallecieron hace varias décadas.

Relatores de la Comisión de Pueblos Indígenas de la CIDH y el relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, consideraron la importancia y la perspectiva internacional de la jurisprudencia sentada.

El Juicio se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo, durante siete audiencias por las que testificaron sesenta testigos, treinta de ellos indígenas como parte del proceso de reconstrucción de la memoria histórica de los pueblos indígenas Qom y Moqoit.

Entre los testigos se encontraron el historiador, Juan Chico; los sobrevivientes, Melitona Enquirez, Rosa Chara, Pedro Balquinta y Rosa Grilo; hijos y nietos de sobrevivientes, y docentes bilingües que trabajaron en la reconstrucción histórica.

Los otros treinta testigos fueron investigadores de Universidades Publicas y del Conicet, como historiadores, antropólogos, sociólogos, archivistas, periodistas, escritores - que trabajaron en investigaciones científicas muy importantes de reconstrucción de la Masacre o de cuestiones directamente vinculadas o de contexto.

El Juicio fue oral y público, tuvo una gran cantidad de público, con una importante participación de las comunidades de los pueblos victimas Qom y Moqoit y además se transmitió y quedó publicado en los canales de YouTube del Poder Judicial de la Nación y del Gobierno del Chaco.

El Proceso tuvo una amplia repercusión en todos los medios nacionales de argentina, con un especial seguimiento de la TV Pública, Radio Nacional, Radios de las Universidades Públicas del país y programas especializados en Derechos Humanos.

También tuvo eco, en la prensa mundial, como, por ejemplo, los diarios Le Figaro y France Presse de Francia, El País de España, The Guardian y BBC News de Inglaterra, RT de Rusia, RTE de Irlanda, AP News de EE.UU., Cadena Al Jazera de Qatar, entre muchos otros.

El fallo Judicial, además de condenar al Estado Argentino, contemplo una batería de medidas de reparación integral, que en términos generales se vinieron cumpliendo, que tienen como ejes el Derecho a la Verdad, el ejercicio de la Memoria, la no repetición de hechos de esta naturaleza y la reparación integral.

Asimismo, el juicio y la sentencia visibilizaron los procesos de despojo relacionados al Genocidio Indígena y la dimensión de las consecuencias culturales, económicas y territoriales que perduran hasta el presente.