Una de las características del Gobierno provincial es abonar sueldos a través del sistema de becas. El monto de este beneficio no supera la línea de indigencia. Ante la precarización laboral muchas personas renuncian, dejando libre sus puestos de trabajo. Algunas veces lxs profesionales toman el puesto libre, en otras ocasiones en cambio, no es posible encontrar suplentes. 

Esta última situación fue lo que sucedió en el hogar de infancias y adolescencias “San Francisco de Asís”, ubicado en Santo Tomé. El plantel profesional y de operaciones renunció y no se encuentran personas que quieran tomar los puestos libres, debido al bajo monto del salario. 

Ante esta situación cinco jóvenes, entre niñxs y adolescentes, fueron trasladados al hogar “Tía Amanda” de la capital correntina. 

La Red por los Derechos de las Niñeces, Adolescencias y Juventudes de Corrientes (Rednaj) se pronunció al respecto, manifestando su preocupación por este traslado “compulsivo, inconsulto y repentino”.

Desde la red explicaron que esto vulnera los derechos de las infancias y adolescencias, al desplazar su centro de vida. A la par, afecta su salud mental por obligarlxs a adaptarse a una nueva institucionalidad, horarios, personal, entre otras cuestiones. 

Para comprender más la gravedad de la situación, Nueva Mirada dialogó con Sebastián Carrano, integrante de Rednaj. 

Explicó que “los chicos están institucionalizados, bajo protección del Estado”. Esto implica que fueron separadxs de su familia de origen o del lugar donde vivían. 

“Cuando se toma esa decisión y se los ingresa, se notifica a la familia y después la familia los puede visitar”, remarcó. La visita puede ser por la familia de origen o la empleada, que se compone de tíxs, entre otrxs familiares. 

“No les piden permiso (de traslado) a la familia, porque la seguridad y protección están bajo el Estado y el Poder Judicial avala, y tiene que hacer el seguimiento de lo que pasa con esos chicos”, sostuvo.

El Comité contra la Tortura elaboró el año pasado su informe anual, en el que incluyó al hogar Tía Amanda, ya que lo visitaron durante el 2022 para constatar las condiciones del lugar. 

En el documento desde el Comité informaron que quienes allí trabajaban les comentaron que hasta el año pasado tenían 19 personas alojadas, contando con una capacidad total para 25. 

Lxs trabajadores del hogar explicaron que percibían un sueldo de $33.000. A la par, remarcaron que no tienen acceso a ningún presupuesto, ya que todo es administrado por la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (Dipna).

Reciben donaciones esporádicas para la caja chica, alimentos una vez por semana y los elementos de limpieza le son suministrados una vez al mes. 

Al respecto de cómo es la comunicación de la Red con el Gobierno provincial, Carrano explicó que la última reunión la tuvieron en mayo del año pasado con el ministro de Justicia, por el decreto de creación de la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia. 

“Cuando hicieron el decreto pedimos reunión, armamos comunicados y dimos nuestra mirada en torno a estos cambios”, remarcó. Además enviaron notas, mails y en calidad de formalidad, pidieron informes al Poder Ejecutivo cuando falleció el adolescente de 14 años en el hogar de Virasoro. 

Sin embargo, Carrano sostiene que siempre las respuestas ante la Red son frías. “Al vínculo frente a situaciones como esta, nosotros lo que hacemos es emitir un comunicado o hacer una especie de pedidos e informes sobre lo sucedido”, expuso. 

Y agregó que “el tema es que no hay como una obligación de respuesta de parte del organismo a nosotros, porque somos un colectivo de organizaciones sociales. No tenemos un articulación formal con los organismos de niñez de la provincia”.

En este sentido, comentó que tras las manifestaciones y marchas que realizó la red a partir del fallecimiento del adolescente en Virasoro, el colectivo quedó en una situación de enfrentamiento que no buscaron con el Gobierno provincial. 

“Sí tenemos una mirada crítica. No queremos estar enfrentados sino proponer cambios y monitorear que eso suceda y para mejorar lo que es la promoción, prevención y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en toda la provincia”, afirmó. 

Carrano explicó que lxs funcionarios provinciales no les atienden los llamados o mensajes y siempre llegan a informaciones como esta del traslado, gracias a contactos que trabajan dentro de los tres poderes del Estado. 

En este sentido, destacó la falta de información pública y el casi nulo tratamiento de estos temas en los medios de comunicación. 

Por tal motivo, la Red envió el comunicado sobre la situación del traslado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), manifestando su preocupación. Dialogaron incluso con legisladores provinciales para que estén atentxs a lo que está pasando y con el Comité en su calidad de veedores. 

“¿Qué tenemos acá?”, interrogó Carrano. Y respondió que es “un cuello de botella frente a cuestiones de organización y de gestión de recursos y presupuesto muy magro, que termina decidiendo que un grupo de chicos sean trasladados a capital”.

Esto lxs aleja a 400 km. de su lugar de origen y para él terminan pagando las consecuencias de una gestión inadecuada, sin recursos, que no apuesta a fortalecer el sistema de protección. 

“Tampoco crea y fortalece áreas municipales de niñez en los distintos municipios, para poder trabajar distintas cuestiones y pagar al personal para sostener el equipo de trabajo. No tomar estas decisiones, tiene consecuencias graves e injustas, que vulneran derechos para los pibes y las pibas y sus familias”, concluyó.