(Por Gabriel Laesprella*)

Durante el gobierno del ex presidente chileno Sebastián Piñera se produjeron múltiples manifestaciones populares contra sus políticas neoliberales. Estudiantes secundarios y universitarios, representantes de los pueblos originarios, campesinos, obreros, entre otros, conformaban ese diverso entramado social que se oponía a las políticas conservadoras del gobierno de Piñera.

Un punto de inflexión en ese proceso fue el resultado del plebiscito de octubre de 2020. Allí el 78% del electorado aprobó la creación de una Convención Constitucional para desterrar definitivamente la actual Carta Magna, creada en 1980 bajo la cruenta dictadura de Augusto Pinochet.

Desde ese cercano octubre de 2020 al actual agosto de 2022 mucha agua bajó el puente corrió por la nación hermana que vio nacer a ilustres figuras como Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara y tantas otras personalidades.

Desde marzo del corriente año, Gabriel Boric es el presidente chileno. Apoyado por disímiles grupos políticos de izquierda, incluido el Partido Comunista, Boric sin lugar a dudas es un abanderado defensor de la creación de una nueva Constitución para la nación trasandina.

La Convención Constitucional demoró doce meses en elaborar el proyecto de nueva carta magna para la nación trasandina. En total son trescientos ochenta y ocho artículos divididos en once capítulos.

Leyendo el texto se puede apreciar su contenido profundamente democrático, donde el poder reside “en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, dándole especial énfasis a la libertad de pensamiento y expresión.

A diferencia de la Constitución actual, aparecen mecanismos de democracia participativa, con la novedosa iniciativa popular de ley.

Por otra parte se pretende desconcentrar y descentralizar el poder político del país, con la participación de organismos territoriales y comunales, teniendo un rol protagónico el papel de las naciones y los pueblos originarios.

Aparecen los conceptos de “plurinacional” y de “intercultural”, con un criterio no discriminatorio y de igualdad, desarrollando a la inclusión como premisa fundamental.

Se consagran derechos de grupos sociales históricamente invisibilizados como los niños y las niñas, las mujeres, los pueblos originarios, las personas discapacitadas, los individuos diversos y disidentes en cuanto a su orientación sexual.

Desde el punto de vista de organización institucional, estatal y gubernamental, desaparece la Cámara de Senadores, sustituyéndose por la Cámara de las Regiones, empoderando políticamente a las comunidades de base, con la misma cantidad de representantes por territorio. Chile pasaría a transformarse en un “Estado regional”, desarrollando políticas públicas destinadas a la atención de necesidades territoriales, con las distintas realidades locales existentes. En sintonía con esto, se fomentarían las autonomías regionales y comunales. Las autonomías territoriales también incluyen a los pueblos originarios, quienes definirán sus formas de organización social.

Los sistemas de justicia de las naciones originarias se vincularán y trabajarán coordinadamente con el Sistema Nacional de Justicia. 

Por otra parte se desmilitarizará a la policía, y las Fuerzas Armadas solo participarán en una eventual agresión extranjera.

La salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, vivir en lugares seguros y libres de violencia, la inclusión de la paridad y la perspectiva de género, entre otros; son derechos consagrados por el nuevo proyecto de Constitución.

La igualdad de género es un aspecto neurálgico que aparece en el texto que se pondrá a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. Aparece la oposición frontal a todo tipo de acto de violencia de género, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, a la identidad, poniéndole una fuerte impronta de perspectiva de género en temas relacionados con la justicia. La lógica paritaria e inclusiva en la representación política es otro elemento que está presente.

La protección del medio ambiente y de la naturaleza se jerarquiza en este proyecto constitucional, ya que el Estado deberá proteger los espacios colectivos naturales. Se debe construir de forma permanente una sociedad con un ambiente sano y con un ecosistema equilibrado. Se reconoce la existencia de una crisis medioambiental mundial.

El desarrollo tecnológico también es incluido en el texto elaborado por la Convención Constitucional. Se promoverá la participación política digital, la conectividad digital, y el desarrollo del conocimiento científico.

En materia económica se incentivará el equilibrio y la sostenibilidad fiscal, la promoción de generación de actividades económicos (los llamados micro y medianos emprendimientos). El Estado intervendrá para enfrentar a los “abusos” del mercado, haciendo respetar los derechos de los consumidores.

En relación a estos aspectos de carácter económico, se generarán las condiciones para efectivizar la autonomía del Banco Central en relación a cualquier poder político y o gubernamental de turno.

Ahora solo queda por dilucidar si el pueblo chileno el próximo 4 de septiembre optará por tener una nueva Constitución, moderna, inclusiva, profundamente democrática, o prefiere seguir enmarañado en la actual Carta Magna que es una triste rémora del pasado dictatorial pinochetista.

* Sociólogo