El majestuoso río Guaviare, en la región suroeste de Colombia, se caracteriza por abrazar al pueblo de San José del Guaviare. Un sitio ligado a la pesca, donde las lanchas y canoas adornan el paisaje.

Sin embargo, la localidad también es conocida por ser parte de la región que más cocaína produce en el país cafetero. En este contexto, existe “la 40”.

Una calle en la Guaviare llena de bares y negocios entre los cuales, existiría la explotación sexual infantil a menores indígenas. Así lo denunció el mes pasado el periodista Gerardo Reyes. 

La noticia fue publicada en el medio Univisión y al principio tuvo poca relevancia pública. No fue hasta la semana pasada que el caso se viralizó en la red social Tik Tok y hasta el presidente de Colombia, tuvo que expedirse al respecto. 

Acorde a la información que Reyes pudo recabar, menores entre 7 y 15 años de edad de las comunidades indígenas Nukak y Jiw serían explotadas sexualmente. 

Las violaciones sucederían por civiles que frecuentan la zona y por militares colombianos y estadounidenses, que estarían en el lugar. 

Tras abusarlas, las menores recibirían: una ración de pan, el dinero equivalente a dos dólares estadounidenses o diez mil pesos colombianos, o un pegamento químico que se inhalaría. 

La pobreza y el hambre son los dos factores que marcan la realidad de estas comunidades. Abusando de este estado de extrema vulnerabilidad, sucederían las violaciones. 

Joaquín Mendieta, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), explicó que la institución recibe cuatro denuncias de abusos sexuales de menores, a la semana en Guaviare.

A la par, el 20% de los embarazos de menores de edad del hospital local son de menores indígenas. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud de la localidad.

Las violaciones sucederían desde hace varios años, ya que la revista colombiana Raya denunció en el 2019 el rapto de una menor de 15 años. 

Acorde a la denuncia del medio, una menor de la comunidad Nukak habría sido raptada de un baño público por soldados en agosto de ese año, secuestrada y violada por cuatro días en el lugar donde ellos dormían, hasta que pudo escapar. 

José Cuesta Nova, concejal por la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, expuso en cuenta personal de Twitter que en las próximas semanas recibiría más información importante del caso. 

Sucede que el funcionario visibilizó que ese mismo año una menor de la comunidad Nukak de 10 años habría cursado un embarazo, tras el abuso de un militar estadounidense. 

En el 2020, un año después del episodio denunciado, Eduardo Zapateiro, jefe del ejército colombiano, reconoció que su institución estaba investigando a 118 miembros involucrados en aparentes abusos y violaciones sexuales en varias regiones del país, incluída Guaviare.

Los Nukak son considerados desplazados por la ley colombiana. Desde la década del ´80 se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

Grupos paramilitares los asesinaban, desaparecían y sometían a reclutamiento forzado y violaciones sexuales. La selva que habitaban fue talada para plantar coca. 

Sus tierras y sustentos de la naturaleza fueron desapareciendo progresivamente, hasta llegar a la pobreza extrema y desnutrición actual. 

Esto, sumado al hecho que prácticamente no hablan una palabra de español, termina de conformar la marginalidad estatal a la que está sometida la población indígena. 

Por otro lado, la comunidad Jiw desde el 2009 fue declarada en peligro de exterminación cultural y física por tribunales colombianos. Actualmente se los considera en situación de calle. 

La gravedad es tal, que en “La 40” se pegaron carteles en los que se informaba que mantener relaciones sexuales con menores de 14 años es delito. 

Para la comunidad Nukak cuando una menor tiene su primera menstruación, a una edad aproximada entre los 11 y 13 años, ya es una mujer adulta. Por consecuencia, consideran que puede tomar todo tipo de decisiones sola. 

A un mes de conocerse la denuncia de Reyes y tras la relevancia en redes sociales, el pasado viernes Gustavo Petro, presidente de Colombia, se pronunció al respecto.

Le ordenó al ICBF que vaya a la localidad a realizar un relevamiento de la situación, junto a una comitiva de Fiscalía, dependiente de la Presidencia. 

Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos también se expidió al respecto. En este caso, el encargado de hablar con la prensa fue John Rhatigan, portavoz de la Embajada estadounidense en Bogotá.

“Las Fuerzas Militares de los Estados Unidos se toman en serio cualquier acusación de abuso sexual y están comprometidas con la investigación de cualquier acusación de delitos sexuales o de mala conducta”, afirmó.

Y agregó que “en este momento, no tenemos conocimiento de ninguna investigación por parte de las autoridades colombianas sobre ninguna denuncia en el Guaviare”.

Tras la mayor visibilización del caso, Reyes fue contactado por otros medios para explayarse sobre el tema. Así brindó una entrevista a la revista Semana en la que comentó más información. 

El periodista aseguró que habría accedido al testimonio del tío de una menor de la comunidad Nukak abusada. Acorde al testimonio, el familiar la habría rescatado al momento en que se dirigía al río a abortar. 

Existiría una zona del río Guaviare en el que las menores abortarían. El tío temía por la vida de la menor, ya que era muy pequeña.

Entonces él la habría subido a un vehículo y trasladado al hospital local para que la asistan. Allí aparentemente explicó que la menor fue abusada por un “gringo”, a cambio de una ración de pan. 

Entre todo este contexto de vulnerabilidad, abusos, marginalidad y abandono estatal, se encuentra María Eugenia Rivera. Una mujer que busca cambiar la realidad. Su casa es una escuela-taller al que asisten niñas y jóvenes indígenas Nukak y Jiw. 

Rivera considera que la situación, es el corolario de las actividades ligadas a la producción y distribución de coca. Para contrariar la realidad, ella ofrece alimentación, educación y un lugar de recreación seguro para las menores. 

Un mes tardó el Gobierno colombiano en expedirse y enviar una delegación a investigar una situación que deviene hace años. La misma ciudadanía una vez más, tuvo que viralizar un caso para que se tomen cartas en el asunto. 

Hace un año Colombia se sumía en una crisis de extrema violencia, impuesta por el entonces presidente Iván Duque. El pueblo en las calles protestaba y era brutalmente reprimido y asesinado. 

Hoy, los mismos colombianos son los que tomaron las redes para que se conozca este caso, pidiendo la máxima difusión para que se entere el mundo. La voz de los pueblos que luchan, será siempre la mejor herramienta contra las injusticias.