Por Jere Giordano 

Antes de que comenzara la Fiesta Nacional del Chamamé, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola quedó completamente inundado. La escena fue elocuente: el principal escenario cultural de la provincia bajo agua, a pocas horas de abrir sus puertas. 

En la ciudad habían caído entre 80 y casi 100 milímetros de lluvia en pocas horas, según distintas estaciones meteorológicas, y Corrientes volvió a mostrar su fragilidad estructural.

Las consecuencias se repitieron como un guion conocido: calles anegadas desde la madrugada, suspensión del transporte público durante toda la mañana, barrios enteros sin energía eléctrica y viviendas afectadas por el ingreso del agua. 

San Benito, Bañado Norte, San Ignacio, Laguna Seca, Molina Punta y otros sectores quedaron nuevamente expuestos a una lluvia que no fue extraordinaria, pero sí suficiente para colapsar una ciudad mal preparada.

Aun así, la fiesta no se detuvo. El agua comenzó a escurrir, el anfiteatro se acondicionó de urgencia y el Chamamé se realizó con normalidad. La imagen condensa una lógica que se repite: el evento siempre llega a tiempo; la infraestructura, nunca. La emergencia se administra, pero no se resuelve.

No es la primera vez. La memoria reciente devuelve otra postal incómoda. En febrero de 2023, Corrientes atravesó una de las peores catástrofes ambientales de su historia: más de 700.000 hectáreas quemadas por incendios forestales. El fuego arrasó campos, esteros, fauna, viviendas y economías locales. Sin embargo, los carnavales oficiales se inauguraron igual.

Aquella noche, las comparsas desfilaron mientras la provincia ardía. En algunos momentos, incluso, ceniza caía sobre el corsódromo. El contraste entre la devastación ambiental y la celebración oficial generó un profundo malestar social, pero no alcanzó para modificar prioridades. El espectáculo siguió adelante, como si el desastre ocurriera en otra provincia.

Agua y fuego parecen fenómenos opuestos, pero en Corrientes responden a la misma matriz. No son simples “eventos climáticos”, sino el resultado de un modelo de ocupación del territorio que privilegia la rentabilidad por sobre el equilibrio ambiental y la planificación urbana.

El crecimiento desordenado del Gran Corrientes, la expansión inmobiliaria sin regulación, los rellenos de lagunas, la ocupación de zonas bajas y la ausencia de un sistema integral de desagües pluviales explican por qué hoy la ciudad se inunda con lluvias que antes no generaban colapso. El agua no desaparece: busca su cauce natural, pero ya no lo encuentra.

Ese mismo modelo es el que habilita y potencia los incendios. La sustitución del monte nativo por plantaciones de pino y eucaliptus, el avance de arroceras y la intensificación ganadera configuran un territorio altamente inflamable. Cuando el fuego comienza, no hay barreras naturales que lo frenen; cuando se propaga, el daño es irreversible.

A esto se suma un consumo intensivo de agua por parte de estos sectores productivos. Ríos, lagunas y humedales son explotados sin una política de preservación real, debilitando ecosistemas que funcionan como reguladores naturales frente a sequías e inundaciones. La consecuencia es doble: menos agua disponible y más riesgo ambiental.

Mientras tanto, los barrios populares pagan el costo más alto. En lugares como San Ignacio, las inundaciones se volvieron recurrentes, las obras estructurales no llegan y la asistencia estatal aparece tarde y mal. Colchones en el piso, frazadas prestadas y promesas que se diluyen con el agua forman parte de una rutina que ya no sorprende.

En ese contexto, la organización vecinal muchas veces es respondida con desinterés o directamente con hostigamiento. Reclamar cloacas, desagües y planificación urbana se vuelve un acto incómodo para un esquema de poder que prefiere gestionar emergencias antes que discutir el modelo que las produce.

La inversión pública deja en claro cuáles son las prioridades. Hay recursos para montar escenarios, contratar artistas, sostener transmisiones oficiales y promocionar la “marca Corrientes”. Pero no hay un plan integral para evitar que la ciudad se inunde ni para prevenir incendios de escala catastrófica.

No se trata de cuestionar la cultura ni los eventos populares. El problema no es la fiesta, sino cuando la fiesta funciona como cortina. Cuando se celebra mientras barrios enteros están bajo agua o mientras el humo cubre la provincia, el mensaje es claro: hay dolores que no entran en la agenda oficial.

Corrientes exhibe así una política de prioridades invertidas: se invierte en lo visible, en lo que da rédito inmediato y en lo que construye relato, mientras se posterga lo estructural, lo silencioso y lo imprescindible. La infraestructura no corta cintas ni genera aplausos, pero define la calidad de vida.

Agua y fuego no son excepciones ni castigos naturales. Son el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Mientras el modelo siga ordenando el territorio según el negocio inmobiliario y la lógica del evento permanente, Corrientes seguirá celebrando sobre una ciudad que se inunda y una provincia que se quema.