Un análisis de Jere Giordano

El petróleo ha sido siempre el corazón estratégico de Venezuela y la razón por la que, más allá de las narrativas oficiales de seguridad o derechos humanos, Estados Unidos ha centrado sus ambiciones en Caracas. 

La más reciente agresión militar estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro el 3 de enero ilustran hasta qué punto el imperio del norte está dispuesto a intervenir para controlar recursos esenciales que deberían pertenecer al pueblo venezolano. 

En ese contexto de violencia e injerencia, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional de Venezuela se presenta no solo como un cambio legal, sino como un símbolo de resistencia o sometimiento, dependiendo de quién lo interprete. 

Esta reforma fue presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez con el argumento de que es necesaria para modernizar el sector energético y adaptarlo a las exigencias económicas actuales, ante un mercado global en plena transformación. 

Rodríguez ha sostenido repetidamente que estos cambios son parte de una defensa de la soberanía energética, que permitirán proteger a Venezuela del bloqueo económico y atraer inversiones que dinamicen la producción petrolera. “Queremos fortalecer la soberanía energética, atraer inversiones y desarrollar campos no explotados en beneficio del pueblo venezolano”, declaró en un acto público tras la aprobación parlamentaria.

En el discurso de memoria y cuenta de 2025, Rodríguez defendió la reforma como un instrumento para blindar modelos productivos de la Ley Antibloqueo dentro del marco legal petrolero, canalizando inversiones hacia campos donde nunca antes se había explorado ni invertido.

Se resalta que estas modificaciones permiten la incorporación de Contratos de Participación Productiva (CPP) y otros mecanismos legales que, según el gobierno, han atraído inversiones cercanas a los 900 millones de dólares y ayudado a recuperar la producción hasta 1,2 millones de barriles diarios en 2025. 

Desde esta perspectiva, se trata de una estrategia de soberanía no pasiva, sino activa, que busca defender al país de los embates del imperio mediante la actualización del marco jurídico para hacer más eficiente el uso de sus recursos. 

Pero no todos leen este cambio con optimismo bolivariano. Sectores críticos, incluso algunos analistas internacionales, señalan que permitir una mayor participación de capital privado —incluyendo el extranjero— en la explotación y comercialización del crudo puede abrir puertas a intereses corporativos externos. 

En el texto de la reforma, por ejemplo, se permiten mecanismos que facultan a empresas privadas a operar y comercializar crudo bajo ciertas condiciones, con regalías y tasas flexibles que pueden ser reducidas para incentivar capitales. 

Esta reforma ocurre en un momento en que Washington intenta tomar control directo de la venta del petróleo venezolano tras el ataque militar, negociando acuerdos de exportación y tratando de canalizar ingresos a cuentas bajo una supuesta supervisión estadounidense. 

En rigor, el imperio no ha abandonado su interés en el crudo venezolano: sus acciones recientes incluyen la confiscación de buques petroleros vinculados a Venezuela y el intento de que compañías norteamericanas y europeas entren con fuerza al sector energético local. 

La reforma de la Ley de Hidrocarburos, entonces, aparece como un pivote estructural para manejar tanto la recuperación productiva interna como las presiones externas por el control de esos recursos, con implicancias que recién empiezan a discutirse en Caracas. 

Para los sectores que defienden la autodeterminación, el desafío es claro: cómo preservar realmente la voluntad popular y el control soberano sobre el petróleo, sin que las aperturas legales se conviertan en excusas para concesiones que debiliten el proyecto bolivariano.

Desde esta óptica, hablar de soberanía no es solo hablar de propiedad formal del recurso, sino de la capacidad del pueblo venezolano para decidir sobre su explotación, uso y destino de sus riquezas sin sujetos hegemónicos externos imponiendo condiciones. 

La tensión por el petróleo —que ha marcado la historia geopolítica venezolana desde la primera mitad del siglo XX— vuelve a ser el eje alrededor del cual se redefine la política interna y la relación con fuerzas globales. 

La apertura de los hidrocarburos, incluso con la retórica de soberanía de Rodríguez, abre debates necesarios sobre qué tipo de soberanía energética se defiende: si una basada en el control popular, o una reinterpretación que admite capitales transnacionales en nombre de modernización. 

Para quienes siguen defendiendo la autodeterminación de los pueblos frente al imperialismo, esto no es un mero ajuste legal: es una prueba de fuego para saber si Venezuela puede recuperar su independencia real sin caer en lógicas de dependencia encubierta. 

En última instancia, la reforma de la Ley de Hidrocarburos representa algo más que un cambio jurídico: es el nuevo campo de batalla donde se mide la fuerza del proyecto bolivariano frente a las presiones históricas del poderío norteamericano por controlar no solo el crudo, sino también las decisiones que definen el destino del pueblo venezolano.