Acorde al testimonio que llegó a la redacción de Nueva Mirada y que fue ratificado en fuentes judiciales consultadas, Rodrigo González Pellegrini violentó física y psicológicamente a su ex pareja. 

Sobre él pesa también una orden de restricción de contacto bajo cualquier medio, que fue violada el miércoles pasado cuando a la sobreviviente le llegó una cédula de notificación. 

En el texto se la intimaba a eliminar un posteo en una cuenta de instagram, que contiene información sobre la denuncia. 

Las fuentes judiciales informaron que la denunciante no tiene conocimiento de quien dirige esa cuenta y que hace una semana espera la respuesta ante la violación de la medida cautelar. 

El hecho

La denuncia contra González Pellegrini se radicó el 27 de octubre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y el Menor en la capital correntina. 

En el escrito la denunciante manifestó que estuvo ocho meses en pareja con el denunciado y que en junio de ese año comenzaron las agresiones psicológicas. 

En la denuncia se expone que ante el más mínimo conflicto o discusión de pareja, él se ponía muy agresivo, llegando a violentar en reiteradas veces a la sobreviviente. 

González Pellegrini le demandaba a la denunciante disponibilidad del 100% para con él, pidiéndole incluso que ella deje de realizar sus actividades para acompañarlo. 

Ese 27 de octubre ella decidió abandonar el departamento que compartían ocasionalmente, sin llegar a convivir definitivamente. 

En ese momento él la empezó a violentar verbalmente denigrándola, con el objetivo de hacerla sentir inferior y que sienta que estaba sola, sin que nadie pudiera ayudarla. 

Mientras era agredida de esta forma, la denunciante seguía juntando sus cosas. Al ver que ella estaba decidida a irse, él empezó a adularla para que se quede. 

Cuando el denunciado notó que nada de lo que decía iba a hacerla cambiar de opinión, la encerró en el baño y le tapó la boca y la nariz, con el aparente objetivo de ahogarla. 

A continuación la levantó en el aire y la tiró al piso dos veces, producto de esto le sangró la boca. Después la llevó a la fuerza a la habitación, la tiró a la cama y la empezó a ahorcar. 

Entre dientes él le decía que no grite porque sino los vecinos la podían escuchar. En la denuncia además consta que González Pellegrini le llegó a decir a la sobreviviente, que si quería él podría matarla

La causa en la Justicia

Cuando la denunciante pudo salir de la casa de su agresor, fue directamente a radicar la denuncia. Cabe destacar que él no la dejaba irse del departamento.

La denuncia que se radicó en la Comisaría de la Mujer y el Menor se amplió dos días después, porque ella era hostigada constantemente por mensajes y llamadas a su celular. 

Las fuentes judiciales consultadas explicaron que en esta ampliación, la denunciante adjuntó más pruebas del caso e incluso la información de que el acusado tendría una denuncia previa por violencia de género. 

En este caso la denuncia anterior habría sido radicada en la ciudad de Buenos Aires, pero a la fecha no aparece en los escritos judiciales. Cuestión que llama mucho la atención. 

El 1* de noviembre de ese año le llegó la notificación a ambas partes sobre la medida cautelar interpuesta por la Justicia. El denunciado no puede contactar por ningún medio a la sobreviviente. 

Sin embargo esta medida se incumplió, ya que el miércoles pasado la denunciante recibió una cédula de notificación. 

En esta se la intimaba a que en el plazo de 72 horas, cesara en la publicación y divulgación de imágenes que el acusado consideraba agraviantes y falaces para su persona. 

Se sabe que estas son distintas posibilidades con las que toda persona cuenta dentro del sistema judicial, pero con este hecho se violó una medida cautelar interpuesta. 

Las mismas fuentes judiciales consultadas afirman que la denunciante no tiene conocimiento de quienes dirigen esas cuentas de Instagram, por la que la intiman a borrar el contenido. 

Sobre todo impacta que se presione y se tengan estas medidas contra una sobreviviente de una agresión física de estas características, quien ha pedido ayuda incansablemente a los diferentes estratos del Poder Judicial. 

La semana pasada fue una cédula de notificación, pero en noviembre del año pasado la denunciante recibió una carta documento con el mismo objetivo que el escrito de la cédula. 

La causa penal cuyo número es 248716 recayó en el Juzgado Correccional n*2, a cargo de la fiscal María Andrea González y cuya jurisdicción corresponde a la jueza María Cristina Sánchez. 

Las fuentes judiciales consultadas explicaron que al no querer tomar nadie el caso, la denunciante decidió que la fiscal la defienda. 

Las dos veces que la sobreviviente tuvo que presentarse a audiencias, se enteró de formas irregulares. 

La primera vez le notificaron por llamada telefónica a un horario más tarde del que realmente estaba establecido. En la segunda oportunidad se enteró por la licenciada con la que se iba a realizar la pericia psicológica. 

Acorde a las fuentes a las que pudo acceder Nueva Mirada, la fiscal no le informó a la denunciante que ella podía negarse a la instancia de suspensión de juicio. 

Cabe destacar que esta instancia tampoco aplica para casos de violencia de género, pero sucedió porque la Fiscalía y el Juzgado aprobaron la instancia. 

La fiscal le habría manifestado a la denunciante que si ella no aceptaba la compensación económica y la probation para el acusado, todo quedaría en la nada. 

La sobreviviente desconocía que podía negarse a esa instancia y que el caso pase directamente a juicio. 

Desamparo de instituciones provinciales

Para la denunciante conseguir quien quiera tomar su caso fue algo casi imposible, hasta que desde la Dirección de Género de la Municipalidad le recomendaron a una profesional que sí accedió a ser querellante. 

En las primeras instancias, sobre todo en la más importante como la audiencia para suspensión a juicio, la sobreviviente no contaba con quien la asesore correctamente. 

Las fuentes judiciales consultadas explicaron que a cada lugar donde ella iba a pedir asesoría y mencionaba el nombre del denunciado, las personas se mirarían entre sí y se habrían negado a defenderla. 

En el Juzgado Correccional donde la denunciante iba a buscar los avances o información sobre su caso, el trato del personal habría sido de suma precaución con los datos que se le daban. 

Ella se ha quedado horas sentada esperando a la fiscal, que le decían que no estaba, pero que luego ella habría visto pasar por delante suyo en varias ocasiones. 

Tras tener negativa de acompañamiento por parte del Consejo de la Mujer, decidió ir al Centro de Contención para Víctimas de Violencia de Género, ubicado entre las calles La Rioja y Bolívar. Allí le informaron que no brindaban patrocinio. 

Para el mes de febrero del año pasado ella ya necesitaba contar con un querellante, porque al ir ella al Juzgado a averiguar el estado de la causa, le informan el procesamiento del acusado y el avance de la misma. 

Cabe destacar que si ella no se hubiera presentado a buscar información, nunca se habría enterado de esto. 

Tras la negativa del Centro de Contención se dirigió a la Dirección de Género municipal. En la institución se mostraron sorprendidos, ya que tienen conocimiento que el Centro brinda patrocinio. 

Desde el ente municipal elaboraron una nota sobre esta irregularidad en el Centro, que fue enviada al Ministerio de Justicia. 

Las fuentes judiciales consultadas remarcan que en el Ministerio le habrían dicho a la denunciante que su caso no era grave y que había otros peores, motivo por el cual no podrían asesorarla. 

Con esta nueva negativa la sobreviviente se redirige a la Dirección y desde esta institución la contactan con su actual abogada. 

En estos momentos la letrada se encuentra en el proceso de pedir que se levante la medida de suspensión y que la causa vaya a juicio. 

Las fuentes consultadas informaron que la pericia psicológica contra el denunciado arrojó datos de patrones narcisistas y que no sabe gestionar sus emociones. 

Por tal motivo, la actual abogada de la denunciante espera que la Justicia le responda el por qué se permitió la violación de la medida cautelar. 

A la par, con la elevación a juicio se abre el expediente y la letrada puede acceder a todo el material que contiene, para poder elaborar un trabajo de protección integral para su defendida como querellante. 

El hecho más grave deviene del accionar de la fiscal González. No es la primera vez que la funcionaria desampara a sobrevivientes de violencia de género. 

Una denunciante por violencia física y psicológica en la que incluso fue privada de su libertad, espera hace semanas que la fiscal libre una medida cautelar de protección para ella. 

Su ex pareja, el denunciado, es un agente de la fuerzas de seguridad que continúa portando su arma reglamentaria. El desamparo del Juzgado Correccional n*2 hacia las denunciantes es inentendible. 

Antecedentes

A la denuncia por violencia de género que habría sido radicada contra González Pellegrini en la ciudad de Buenos Aires, se le suma otro antecedente del año 2013. 

En ese año el denunciado conducía en estado de ebriedad y se negó a realizarse el control de alcoholemia. Además agredió al inspector que le quiso realizar el test. 

En ese momento el Juzgado de Faltas n*1 dispuso la inhabilitación por cuarenta días para conducir todo tipo de vehículo motopropulsado por parte del acusado. 

Un antecedente que implica una agresión violenta, una denuncia que habría desaparecido y una medida cautelar violada. Un caso que debe ser tratado con suma urgencia y en el que la sobreviviente debería ser cuidada de manera integral y no expuesta a cartas documento o cédulas de notificación.