Desde hace un par de meses los casos de Abuso Sexual Infantil (ASI) en la provincia de Corrientes abarcan mayores espacios en los medios de comunicación, logrando así una visibilización muy necesaria para la temática. 

En este contexto, el colectivo de psicólogas y psicólogos autoconvocados de Corrientes repudian y alertan sobre el accionar de peritos del Poder Judicial en casos de abuso contra las infancias.

Para tal fin, elaboraron un comunicado en el que invitan a la reflexión sobre las prácticas de colegas que revictimizarían y no permitirían un real acceso a la Justicia a sobrevivientes y madres protectoras.  

“Ante la creciente preocupación a nivel nacional por los tratos que se están llevando adelante hacia las personas denunciantes de ASI y en particular, por la visibilidad que han tomado algunos casos en la región, decidimos posicionarnos al respecto”, empiezan manifestando desde el colectivo en el documento. 

En el texto repudian el abordaje del Poder Judicial en la provincia, hacia las personas que realizan las denuncias. Principalmente hacen foco en colegas que se desempeñan en el organismo. 

Citan a la periodista Tatiana Ledesma Flores, quien cubre casos de ASI, cuando en una nota se refiere a “la imposibilidad de ponerle nombre al dolor, la bronca e impotencia.”

Para el colectivo esa situación es el efecto de dificultades y obstáculos que deben atravesar personas que han sobrevivido a abusos o incluso, madres que acompañan y transitan con sus infancias los procedimientos judiciales. 

“Acercándose a esta entidad en un pedido desesperado de justicia y reparación. Encontrando allí, sin embargo, en muchas ocasiones revictimización y descreimiento de los relatos, estigmatización y cuestionamiento hacia la salud mental”, puntualizan en el comunicado.  

Psicólogas y Psicólogos autoconvocados correntinos remiten a que la complejidad de la problemática conduce al planteamiento sobre colegas que se ocupan de registrar los relatos de quienes denuncian. 

“La validez del testimonio no puede depender de quien lo escuche, si la escucha está sesgada por resistencias, desmentidas del horror o ideologías patriarcales. La problemática de la prueba en casos de abuso visibiliza la limitada formación de los peritos que llevan adelante el dispositivo de Cámara Gesell”, enfatizan en el texto.

Y agregan que “si quienes las efectúan carecen de formación en clínica de niños, niñas y adolescentes, y en el trabajo con víctimas, es claro que no podrán encontrar indicadores de los traumatismos padecidos, y de no haber relato, se concluye que el abuso no ocurrió”. 

En el documento además remarcan que “incluso en casos en donde sí se produce el relato, se pretende del mismo una construcción adultocéntrica que nada tiene que ver con la subjetividad infantil o el modo de pensamiento adolescente”.

El colectivo advierte el uso de lo que considera, serían estrategias encubiertas para tomar como válidos informes que refieren al falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). El objetivo de esto sería desestimar las denuncias y desmentir los efectos de lo traumático en las personas afectadas. 

Para lxs profesionales este falso síndrome no contaría con ningún aval. Sobre todo porque es desestimado desde la OMS y la comunidad de psicólogxs y psiquiatras.

La preocupación deviene entonces de su aparente intento de utilización como herramienta jurídica, comprendiendo que esto atenta contra los derechos de la mujer y el interés superior por el bienestar integral de las infancias. 

“No consideramos casual que surja en el marco de abusos intrafamiliares y en defensa de padres perpetradores de tales abusos, apelando a la "falsa denuncia", que se nutre de estereotipos y prejuicios hacia las mujeres madres, justificando al acusado de un delito sexual”, sostienen en el comunicado. 

En el documento enfatizan la alarmante falta de control policial y judicial al psicólogo infantil Gustavo Marcolli, quien atraviesa una denuncia por abuso sexual a un menor de entonces 5 años. 

La causa que se encuentra bajo expediente n° 174366/17 se encuentra en este momento con un recurso de casación aprobado por la Cámara de Apelaciones y a la espera de su confirmación por el Superior Tribunal de Justicia. 

A casi seis años de la denuncia, en el expediente se habría intentado posicionar el falso SAP con el aparente objetivo de que la causa no avance. Para el colectivo esto es una clara herramiento de denegación de acceso a la justicia. 

“Esperamos que los y las colegas, el Estado en su totalidad, especialmente el Poder Judicial, estén a la altura de desplegar un reconocimiento de estas violencias y sus efectos”, manifiestan en el comunicado. 

Y concluyen afirmando que “esto supone también reconocer la situación de desvalimiento de los sujetos, reconociendo la condición de víctima, no para perpetuar esta condición, sino para ofrecer a través de la intervención de la ley, nuevas condiciones para restituir su lugar de sujeto, un lugar de amparo desde el cual partir y así comenzar el trabajo de elaboración de los efectos de lo traumático”.