El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado el 21 de mayo, que impone restricciones significativas al derecho a huelga en Argentina.  La medida amplía considerablemente la lista de actividades consideradas "esenciales", obligando a garantizar entre el 50% y el 75% del funcionamiento habitual durante conflictos gremiales  .

Entre las actividades ahora clasificadas como esenciales se incluyen la educación en todos sus niveles, el transporte aéreo, marítimo y fluvial, los servicios aduaneros y migratorios, y el comercio exterior.  Estas áreas deberán mantener una prestación mínima del 75% durante medidas de fuerza.  Además, se incorporan sectores de "importancia trascendental", como la salud y las telecomunicaciones, que deberán garantizar al menos el 50% de sus servicios  .

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) han expresado su rechazo al decreto, calificándolo de inconstitucional y antiobrero.  Ambas centrales sindicales anunciaron que presentarán recursos judiciales para frenar la medida  .

Especialistas en derecho laboral también han cuestionado la legalidad del DNU.  Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, señaló que la ampliación de actividades esenciales "prácticamente prohíbe hacer huelgas" y que la legislación argentina, en línea con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo considera esenciales a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población  .

Este decreto revive aspectos del DNU 70/2023, que también intentó limitar el derecho a huelga y fue declarado inconstitucional por la Justicia en enero de 2024  .

El gobierno sostiene que la medida busca asegurar la continuidad de servicios críticos y evitar perjuicios a la población.  Sin embargo, la oposición y los sindicatos consideran que se trata de un avance contra los derechos laborales y una forma de desactivar las protestas sociales. 

La implementación del DNU 340/2025 ha generado un clima de tensión entre el Ejecutivo y los gremios, anticipando posibles conflictos judiciales y movilizaciones en defensa del derecho a huelga.