Hubo una gran adhesión al Paro General de 24 horas convocado para este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT), y al que se adhirieron las dos CTA y la Utep. La medida de fuerza fue pidiendo que no se apruebe la denominada Ley Bases, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ahora se encuentra tratando en el Senado.

En Corrientes, la Multisectorial también se adhirió al paro y realizó una concentración el mismo jueves por la mañana en la Plaza 25 de Mayo de la Capital provincial.

Allí se le exigió a los senadores nacionales por Corrientes, Eduardo Vischi, Mercedes Valenzuela y Camau Espínola que rechacen la ley ómnibus/bases “porque elimina derechos conquistados por el pueblo, cede la soberanía nacional sobre nuestro patrimonio y recursos naturales”.

Como también, “configura un plan de negocios para unos pocos (AEA, AMCHAM, Galperín, Paolo Rocca, Bulgheroni, Eurnekián, Elsztain, Elon Musk, y las petroleras, mineras, y bancos de capital extranjero), es decir, una Argentina más dependiente y más injusta”.  

Entre los puntos que cuestionan del proyecto de Ley impulsado por el Gobierno de Javier Milei, se destaca la reforma que se pretende de la ley de Hidrocarburos. “Cedemos nuestra soberanía energética y el autoabastecimiento, y en el mercado interno pagaremos el precio internacional de combustibles, perjudicando al costo del transporte y al desarrollo de nuestra industria nacional”, afirmaron desde la Multisectorial. 

“Se beneficia el capital extranjero (privado y estatal) que obtendrán nuevas concesiones de explotación, y podrán exportar libremente petróleo y gas”, añadieron. 

También cuestionan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ideado para el extractivismo de los recursos naturales que posee el país. “Cedemos nuestra soberanía productiva, fiscal, cambiaria y jurídica, y se perjudica a las pymes, la industria nacional y la creación de empleo nacional”, señalaron las organizaciones pertenecientes a la Multisectorial. 

“Se beneficia el capital extranjero, a quienes por 30 años le bajan impuestos, no tienen que liquidar en el Banco Central los dólares obtenidos por las exportaciones y pueden girar ganancias al exterior sin límite, pueden exportar todo lo extraído de nuestro país sin obligación de abastecer el mercado interno”.

El capital extranjero también podrá “importar insumos y bienes de capital sin obligación de comprar lo producido en Argentina y sin informar el destino de esa importación. Y contempla la adquisición de acciones, alentando la extranjerización del capital nacional y la capacidad productiva ya instalada; y, en caso de controversia se someterán al arbitraje internacional del CIADI”, remarcaron.

 Con las privatizaciones de empresas públicas, “se declina el poder de planificación y decisión soberano en materia energética y de transporte”, explicaron. 

En el documento se detalló que, de las empresas que se pretende privatizar, la Nucleoeléctrica Argentina “tiene a su cargo la producción y comercialización de la energía generada por las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto representan el 8% de la matriz eléctrica nacional”. 

Asimismo, Energía Argentina (ENARSA) “se encargó de la construcción del Gasoducto que permite transportar el gas natural desde Vaca Muerta; también tiene a su cargo el Gasoducto del Noroeste Argentino”, puntualizaron.  

Con la delegación de facultades administrativas, “Milei podrá disolver o suprimir organismos públicos estratégicos como el INTI, SENASA, Parques Nacionales, Instituto Geográfico Nacional, Ente Nacional de Comunicaciones, entre otros, y podrá eliminar funciones en los 66 organismos descentralizados”, indicaron. 

“También podrá transformar en sociedades anónimas a todas las empresas estatales. Asimismo, permite el pase a disponibilidad y despido de todos los trabajadores estatales nacionales de planta permanente”, aseveraron. 

Con la reforma laboral “perjudican a los trabajadores y beneficia a las grandes patronales, porque promueve la informalidad laboral al eliminar todas las multas por falta de registro de trabajadores, fomenta la tercerización al habilitar la intermediación de empresas, y se habilita el despido discriminatorio”, sostuvieron. 

Con la reforma previsional, “perjudican a los futuros jubilados, porque se elimina la moratoria que permite jubilarse a quienes no completan los aportes por no estar registrados, y ahora crean una Prestación de Retiro, cuyo haber es 20 % menor que la jubilación mínima, y suben a 65 años la edad jubilatoria para las mujeres”, concluyeron.