La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último Informe Anual , referido al año 2022 , destaco la realización del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí.

Allí, la sentencia declaró la responsabilidad del Estado y reconoció que se trató de crímenes de lesa humanidad en un marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas  y ordeno la conformación de la Unidad Ejecutora para dar cumplimiento a las medidas de reparación establecidas por la justicia.

El Informe Anual de la CIDH , es un instrumento de referencia regional que compila la situación de los derechos humanos en el hemisferio, el cual presenta los avances y desafíos de los Estados miembros de la OEA en la materia; y expone los logros institucionales, el trabajo y actividades para garantizar y proteger los derechos humanos de todas las personas en la región. 

Así  da cuenta de la situación de los derechos humanos en el continente y plantea los principales avances y desafíos en esta materia.

Se ponderó en el Caso de Argentina “la sólida institucionalidad para la protección de derechos humanos del Estado argentino”, así como también la continuidad y fortalecimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, contra la discriminación y por los derechos de las mujeres y diversidades.

En el Capítulo IV A , el Informe de la CIDH , bajo el Titulo Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región, Panorama sobre la situación de derechos humanos por País, hace un minucioso análisis de la situación de todas las temáticas referidas a Derechos Humanos y su respeto o incumplimiento por parte de los Estados. En lo que concierne a la Argentina, abarca desde el Punto 36 al 60 .

Es en el Punto 48 donde la CIDH,  destaca el proceso judicial por la Masacre de Napapi. Recalcando que ”la sentencia declaró la responsabilidad del Estado y reconoció que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de pueblos indígenas".

“Dicha sentencia dispuso una serie de medidas de reparación, como la implementación de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit y para la prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia, garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educación y cultura, todo ello con la consulta previa a las Comunidades”, apuntó la CIDH.

 Finalmente, señaló que "además, se conformó la Unidad Ejecutora de la Sentencia por la Masacre de Napalpí para dar cumplimiento a dichas medidas de reparación".