Irupé (nombre elegido para proteger la identidad de la madre protectora) desde hace tres años atraviesa junto a su familia revictimización y desamparo judicial. A la fecha espera que todas las pruebas contra el denunciado por abuso sexual a su hija, que a la vez es el progenitor, se coloquen en el expediente 239559/21. 

Primeros indicios

En plena pandemia Irupé empezó a notar que su hija de entonces tres años, realizaba dibujos en color negro, llegando a veces a perforar las hojas. Un día la menor dejó incluso de comer. 

El progenitor, Joaquin Santiago Gómez, antropólogo y aparente integrante de comisiones de derechos humanos actualmente en la provincia de Buenos Aires, habría dejado sola a la niña con los vecinos en la casa de éstos, por el lapso de una hora cuando vivían allí. 

Esa situación se repetiría en dos ocasiones y tras presentar aparentes lesiones la menor, Irupé pidió turno con un pediatra y buscó la manera de formalizar la denuncia. Cabe destacar, que era un momento de bastantes restricciones por la pandemia del COVID-19. 

Valiéndose de tener conocimientos en el área de derechos humanos, Gómez habría convencido a Irupé de no formalizar la denuncia para no revictimizar a la niña. En ese momento atravesaba varios procesos de violencia de género, entre éstos sometimiento del que no era consciente. 

El viaje

Irupé tenía a su madre viviendo en el interior de Corrientes y le comentó al denunciado que quería venir a la provincia a vivir, pero el se habría negado. “Voy a denunciar igual”, le manifestó ella a él y en ese momento él le habría sacado el teléfono y afirmado que iban a venir a Corrientes. 

Ella atravesaba en ese momento un embarazo de riesgo, entonces el progenitor se hacía más cargo de la menor. Él sería quien dormía a la menor, pero le pediría a la madre de Irupé que saliera en ese momento de la casa para estar tranquilos

Tras empezar el jardín y hablar con la maestra, la niña habría comentado las situaciones de abuso que atravesaría. Cabe destacar que hasta ese momento Irupé desconocía quiénes dañaban a su hija. Fueron a un par de sesiones con una psicóloga y después Gómez no habría querido llevar más a la menor.

Al sentirse bien estando con su madre, Irupé le comentó al denunciado que quería quedarse hasta las fiestas y después hasta el parto. “Yo veía como le maltrataba al bebé en la panza y a la nena la trataba como un adulto, cuando tenía 3 años”, remarcó la sobreviviente. 

En ese momento ella le explicó a él su necesidad de separarse, a lo que Gómez aceptó pero bajo aparente condición de que no se entere nadie. 

De esta forma, Irupé alquiló una casa para que él visite a su hija y al bebé recién nacido de día. Sin embargo, el denunciado querría estar sólo con la niña bajo las aparentes excusas de llevarla a la plaza o al supermercado. 

“Ella no quería salir con él, volvía mal y ella no me respondía. Un día después de Pascuas me puede relatar todas las situaciones”, explicó la madre protectora. 

“Es lo que se hace cada vez que vamos al mundo de papi”, le dijo la menor a su madre. 

La denuncia

Cuando su hija le dijo estas palabras, Irupé llamó a su madre y a su mejor amiga para que la ayuden, ya que hace dos meses había parido por cesárea y además del dolor de la operación, se encontraba totalmente en shock. 

Entonces ella realizó la denuncia en el Centro de Monitoreo de Contención para Víctimas de Violencia de Género, ubicado en la intersección de las calles Bolívar y La Rioja de la capital correntina. 

Irupé llamó a Gómez para avisarle que no vaya a la casa a ver a sus hijos, porque la menor le había contado todo y estaba yendo a radicar la denuncia. El denunciado habría estado muy insistente en saber específicamente qué era “todo”. 

Le otorgaron entonces dos restricciones, por la menor y por violencia familiar, y le dieron un botón antipánico. El cual apretó días después cuando él le habría hackeado su celular para acceder a sus ubicaciones y estaba llegando a su casa, escondido entre las piedras que rodeaban a la vivienda. 

Es importante destacar que Irupé resaltó la personalidad calculadora del denunciado, desde poseer cientos de discos rígidos hasta esconder cosas con imanes dentro del hogar y ya contar con abogadas cuando ella radicó la denuncia en su contra.

El revictimizante caminar judicial

Tras apretar el botón y presentarse la policía en el domicilio de Irupé, Gómez fue demorado. La fiscal Sonia Meza la llamó para informarle que ella pidió la detención del acusado. 

Sin embargo, la jueza Norma Agrasso del Juzgado de Instrucción n*1 le concedió la excarcelación. 

En ese momento Irupé confió en un abogado que nunca aportó a que la causa avance. Para abonarle sus honorarios, en su momento vendió su heladera. 

Un electrodoméstico tan importante cuando se cría a infancias tan pequeños y en una provincia donde las altas temperaturas protagonizan las jornadas todo el año. Lo vendió con la esperanza de recibir ayuda y lamentablemente no fue así. 

Ella remarcó que con su actual abogada se lograron muchas pericias, como la realización de la Cámara Gesell, pero que no están siendo incluidas en el expediente. Aparentemente bajo excusa de que no se encontrarían los archivos. 

La querella varias veces envió todas las pruebas, en una causa de extrema gravedad que precisa suma celeridad. “Él le hacía cosas peores que abusar sexualmente”, manifestó la madre protectora. 

A pesar de ya existir dos restricciones contra Gómez, las denuncias y una situación en la que se activó el botón antipánico la jueza Nora Chavez Caballero, a cargo del Juzgado Civil I, aprobó el inicio del proceso de comunicación para el denunciado con sus hijos. 

Esto implicó que se le realice una nueva pericia a Irupé. La fiscal del Juzgado, Anabella Lufrano, leyó el expediente y le habría manifestado que no le haría ninguna pericia. 

A los tres días de esa pericia no realizada, la fiscal subió un informe en el que revictimizó a Irupé, poniendo en duda sus facultades mentales y su capacidad de maternar sola. De esta prueba se habría valido el denunciado para anexarla en su propia denuncia penal, en la que pide la revinculación. 

Cabe destacar que la querella cuenta con los informes de la asistente social, que va al domicilio de Irupé a constatar cómo se encuentran los menores. Incluso también informes sobre el desempeño escolar de la menor, que explicitan que Irupé es capaz de la crianza y mantenimiento de ambos. 

Casos similares

“A mi me gustaría contarles a todos que mi caso no es único, somos un montón en mamás. En Corrientes los casos de abuso no van a ningún lugar, se encajonan o dan condenas muy bajas”, remarcó Irupé. 

Un ejemplo de baja condena es la que se impartió contra Gustavo Acevedo, quien fue sentenciado a sólo seis años de prisión por abuso sexual contra sus tres hijas menores. 

No sólo no fue detenido inmediatamente, sino que además vive a sólo ocho cuadras de distancia de la casa de las menores. 

Otro caso es el niño Rayo, quien desde hace siete años espera justicia. Gustavo Marcolli, psicólogo infantil, atraviesa una denuncia por abusar sexualmente del menor cuando éste tenía cinco años. 

La familia querellante remarca que el profesional, que continúa atendiendo con impunidad, atravesaría las instancias judiciales sobreseído gracias a aparentes nexos políticos y judiciales que éste tendría. 

Cabe destacar que la Asesoría de Menores n*2 pidió su imputación el pasado febrero, pero fue sobreseído en marzo. Ahora la Cámara de Apelaciones aprobó el recurso de casación y se espera la confirmación del Superior Tribunal de Justicia, para que Marcolli atraviese los justos procesos. 

Gravedad de la causa

“Le pedimos a la jueza que reciba a su terapeuta que la acompaña a mi hija y que acepte las pruebas y eso está costando mucho”, resaltó Irupé. 

Y agregó que “hay muchos datos de la Gesell que surgieron de otras personas y que las involucra”. Lo que daría hincapié a que la situación sería más grave, ya que implicaría a una aparente red. 

A la par, la menor por el pedido de comunicación debe ser sometida a otra pericia. La niña ya es consciente de éstas e Irupé manifestó que al enterarse que debe realizarse otra, decayó su rendimiento académico en base a su angustia por atravesar nuevamente el proceso. 

Irupé pide a quien lea esta nota o escuche su testimonio “que la gente salga a la calle, que se queje, que los niños no tengan que pasar más por esto y que los pedófilos tengan condena social. Que ayuden a las madres, porque las familias quedan muy desprotegidas con estas luchas, porque nadie quiere saber nada y realmente nosotros necesitamos libertad, justicia y que el Estado nos proteja”

La gravedad de la causa implicó no sólo la selección de un nombre para proteger la identidad de la madre protectora, sino también la distorsión de su voz. El caso es acompañado por los colectivos “Yo Sí Te Creo Corrientes” y “La Rebelión de la Infancia”.

Link al testimonio completo aquí  

https://open.spotify.com/episode/3mkpJO5hjlrQPNKGhakkeR?si=c11afd43ba614b02