El Gobierno y los bloques de diputados colaboracionistas del PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal dieron dictamen favorable a la versión reducida de la ley Bases, que incluye una reforma laboral. 

La iniciativa se tratará el lunes próximo en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará darle media sanción. 

Para llegar a un acuerdo con los colaboracionistas, la Casa Rosada descartó su proyecto inicial plasmado en el DNU 70/2023, y optó por una Reforma Laboral “acotada”, tomando como base el texto elaborado por la Unión Cívica Radical, y modificaciones exigidas por el bloque de Hacemos que dirige Miguel Ángel Pichetto.

Entre los puntos centrales del proyecto se destacan que se eliminan definitivamente las multas a los empleadores por trabajo no registrado.

Asimismo, el período de prueba para los trabajadores tendrá seis meses de vigencia, pero las convenciones colectivas podrán ampliarlo hasta ocho meses en las empresas de seis y hasta 100 trabajadores, y hasta un año en las empresas de hasta cinco trabajadores.

En los casos de despido sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración del último año. 

En este punto, se excluye el aguinaldo y otros conceptos de pago semestral o anual.

No obstante, en los Convenios Colectivos de Trabajo, las partes podrán sustituir este régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral.

El costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores también podrán optar por contratar un sistema privado a su costo para solventar la indemnización.

La participación en bloqueos o tomas de establecimientos, ya sean totales o parciales, configurará una “grave injuria laboral” y podrá ser tomada como causal de despido. 

Además, se establecen penas de entre seis meses y tres años de prisión por impedir, estorbar o entorpecer el acceso a locales o industrias “con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio”.