El conflicto por el cierre de la empresa textil Emilio Alal S.A.C.I.F.I. en la ciudad de Goya lejos está de resolverse. A los despidos masivos que dejaron a más de 250 trabajadores y trabajadoras sin empleo, ahora se suma un reclamo central: el pago íntegro de las indemnizaciones, frente al intento de la empresa de reducirlas apelando a un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo cuya aplicación resulta, como mínimo, cuestionable.

Los trabajadores despedidos denuncian que ALAL pretende ampararse en el artículo 247 de la LCT para abonar solo la mitad de la indemnización por antigüedad, alegando una supuesta crisis. Sin embargo, remarcan un dato clave: la empresa no presentó la quiebra, condición que en la práctica suele ser determinante para justificar una reducción de este tipo. Para los despedidos, no se trata de una crisis inevitable sino de una decisión empresarial que busca trasladar sus costos a quienes sostuvieron la producción durante décadas.

El artículo 247 permite pagar una indemnización reducida únicamente en casos excepcionales, cuando el despido se produce por fuerza mayor o por una falta de trabajo no imputable al empleador. La ley y la jurisprudencia son claras: la crisis debe ser real, grave y comprobable, y no puede derivar de malas decisiones empresariales.

Además, es la empresa —y no los trabajadores— quien debe probar que se dan esas condiciones. Por eso, los despedidos sostienen que no corresponde su aplicación y que la indemnización debe abonarse de manera completa, tal como lo establece el artículo 245 de la misma ley.

El reclamo se vuelve aún más contundente si se tiene en cuenta que "ALAL recibió durante más de 20 años subsidios y asistencia estatal". Ese antecedente refuerza la responsabilidad social de la empresa y pone en cuestión el argumento de una crisis ajena a su conducción. “Dejamos la vida en la fábrica”, repiten los trabajadores, que además denuncian la falta de preaviso y la ausencia de respuestas concretas por parte de la patronal.

En los últimos días, los despedidos intensificaron las movilizaciones, actos públicos y presentaciones ante la Secretaría de Trabajo, reclamando no solo la indemnización completa, sino también salarios adeudados y el respeto pleno de sus derechos laborales. El conflicto trascendió el plano estrictamente gremial y comenzó a interpelar a toda la comunidad goyana, con expresiones de acompañamiento social, religioso y político.

Desde los sectores que acompañan el reclamo advierten que el caso ALAL no es un hecho aislado, sino que puede convertirse en un precedente peligroso. Si se habilita el uso del artículo 247 sin quiebra ni crisis debidamente probada, se abre la puerta a que empresas cierren, despidan y “jodan” a los trabajadores pagando menos de lo que marca la ley, en un contexto nacional atravesado por ajustes y discusiones sobre reformas laborales regresivas.

Por eso, el reclamo de los trabajadores despedidos de ALAL no es solo legítimo: es justo. Reclaman lo que les corresponde por ley, después de años de trabajo, frente a una maniobra que busca reducir derechos en nombre de una crisis que, hasta ahora, la empresa no logró demostrar.