En una postal poco habitual en la capital correntina, éste lunes obreros marítimos llevaron el reclamo de 9.000 de ellos a Casa de Gobierno para visibilizar un reclamo que, aunque de alcance nacional, en esta provincia ribereña tiene una dimensión concreta y silenciada: la precarización estructural de quienes trabajan en la actividad pesquera y fluvial.

La movilización fue convocada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y contó con el respaldo de trabajadores provenientes de distintos puntos de la provincia y del Litoral. En una jornada que combinó organización sindical, presencia callejera y un tono político creciente, los obreros entregaron un petitorio a las autoridades provinciales, exigiendo mejoras salariales, condiciones laborales dignas y la incorporación de Corrientes al Consejo Federal Pesquero.

“Nos cansamos del destrato, de la invisibilización. Corrientes no puede seguir afuera de las decisiones que nos afectan directamente como trabajadores del río”, expresó Gonzalo Soto, referente local del SOMU.

El reclamo tocó una fibra sensible: la falta de representación de Corrientes en los organismos donde se define la distribución de recursos pesqueros, como el Consejo Federal Pesquero, lo que no solo margina a la provincia en términos productivos, sino que también condiciona la defensa de los derechos laborales de quienes trabajan en el agua.

Pero lo que se vivió en Corrientes es solo un capítulo de un conflicto que desde el viernes 7 de junio viene expandiéndose a nivel nacional, cuando el SOMU declaró un paro total e indefinido frente al intento de las cámaras empresarias de recortar un 30 % del sueldo proporcional por producción. La medida de fuerza paralizó buena parte del sector pesquero, activó alertas empresarias.

El lunes por la noche, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia urgente para el martes 10 en Buenos Aires. Pese a ello, el gremio ratificó su posición: no retroceder en derechos conquistados. “No vamos a convalidar una rebaja salarial encubierta ni negociar bajo amenazas”, advirtió el secretario general Raúl Durdos, en respuesta a los sectores empresarios que, además de denunciar pérdidas por más de 200 millones de dólares, pusieron en duda la validez del convenio colectivo vigente.

La tensión escaló en varios puntos del país. En Puerto Deseado, Madryn y otras localidades del sur, los puertos vivieron bloqueos intermitentes y cortes de ruta protagonizados por el SOMU. 

En ese contexto, lo ocurrido en Corrientes cobra una dimensión política particular. La provincia, con fuerte arraigo fluvial pero históricamente relegada de las decisiones nacionales en materia pesquera, encuentra en esta protesta una posibilidad de volver a decir presente. Que el reclamo haya llegado hasta las puertas de Casa de Gobierno no solo marca un momento de creciente organización gremial, sino también una apuesta por disputar voz y representación.

La protesta no se limitó a lo salarial: fue también una exigencia de federalismo real, de participación en los espacios donde se toman las decisiones que afectan a los trabajadores del agua, al grito de "Valdés la pesca no se vende". En un contexto de crisis económica extendida, los obreros marítimos, desde el corazón del Litoral, envían un mensaje claro: si no se los escucha, sabrán hacerse oír.