Trabajadoras y trabajadores de la educación del nivel superior denunciaron públicamente que están siendo desplazados de sus cargos en pleno desarrollo del ciclo lectivo. La medida fue comunicada mediante cédula por el Instituto Número 1, afectando a docentes de varias carreras, ya que las reubicaciones ofrecidas no alcanzan para todos.

“Es indigno e injusto que, a esta altura del año, decidan dejarnos sin trabajo, mientras la Dirección de Nivel Superior otorga contratos a personas ya jubiladas —que además cobran su haber previsional— o designa en cargos administrativos a personas vinculadas políticamente, como la hija (Betina Lozina) de una exlegisladora (Maria Noemi Cuneo)”, señalaron los docentes perjudicados.

Este no es un hecho aislado. Según una profesora del Instituto Número 1 de Corrientes Capital, desde hace años la Dirección de Nivel Superior, a cargo de Graciela Yaya, viene impulsando el cierre progresivo de carreras. "Mientras recortan oportunidades laborales para quienes realmente ejercen la docencia, se reparten cargos sin concursos, en una clara práctica de nepotismo e irregularidades administrativas”, agregó.

En la misma línea, se denunció que el Instituto Estrada recibe un trato preferencial del poder de turno. Allí, “se han detectado casos de adscriptos que dictan clases y evalúan sin contar con los requisitos legales, como ocurre con la sobrina (Brenda Martinez) de una coordinadora (Sandra Martinez) del establecimiento". 

Además denuncian que "en ese instituto, el exvicerrector, Marcos Chocron, ejercía el cargo sin contar con título docente, solo con el de abogado, en violación de la normativa vigente. Sin embargo, la asesora legal —nombrada como planta permanente— no detectó ni denunció tales irregularidades".

Otro punto crítico señalado es la falta de políticas de formación docente. En 2024, miles de educadores de la provincia no pudieron acceder a cursos ni postítulos de calidad, lo que limita su crecimiento profesional y afecta la calidad educativa.

A esto se suma la interferencia directa de supervisoras en los procesos democráticos. En el ISFD Pujol, en 2024, la supervisora impidió la elección de representantes para el Consejo Directivo, dejando sin voz a docentes, no docentes y egresados. “Fue una medida arbitraria, sin sustento legal, que obstaculiza el funcionamiento institucional”, denunciaron agrupaciones estudiantiles.

Finalmente, se advirtió sobre la superposición horaria de una profesora de Literatura en el mismo instituto, que impide el dictado regular de clases, afectando a los estudiantes de primer y tercer año.