Desde jugar en partidos de fútbol, atender kioskos en escuelas y hasta violentar verbalmente a la familia de la sobreviviente, son algunos hechos que organizaciones feministas provinciales denuncian como consecuencias del lento accionar del proceso judicial. Desde la sentencia a nueve y siete años de prisión el pasado 21 de diciembre, los condenados esperan en libertad la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre el caso. 

Mientras aguardan la sentencia de la Corte Provincial, realizan actividades comunitarias a pesar de estar inscriptos en el Registro de Condenados por Delitos Sexuales.

Este fin de semana uno de los condenados, Santiago Chávez, se presentó a disputar con un equipo un torneo de fútbol en Bella Vista. Este hecho, sumado a la dirección de juveniles de otro condenado, Lucas Almeida, en el club Coé Mbotá y quien también atiende un kiosko dentro de una institución educativa, implicarían irregularidades en el accionar de funcionarios públicos en Caá Catí.

El intendente de la localidad, Jorge Meza, tiene conocimiento de la situación, porque la familia de la sobreviviente se ha acercado a la Municipalidad de Caá Catí en varias oportunidades a reunirse con el viceintendente, y comentaron que el intendente se habría acercado a la reunión a sólo conocer el tema de la conversación. Sin embargo, en ninguna de esas oportunidades se detuvo a hablar con la familia de la denunciante.

A la par, Ramón Villalba, secretario de Deportes en Caá Catí tampoco ha tomado medidas en pos del cuidado de su comunidad y de la seguridad de la sobreviviente y su familia. No resguardaría tampoco la integridad de los menores que son entrenados por Almedia, ya que es un condenado por un delito de abuso sexual.

Como si fuera poco, Gloria Martínez, quien tiene a su cargo la Secretaría de la Mujer en la localidad le habría dicho a la familia de la sobreviviente, según fuentes consultadas, "Estamos espiritualmente con ustedes". Estas serían las únicas palabras y acciones de la funcionaria pública en el caso de.

Para comprender un poco más la situación, el pasado 8M, Día Internacional de la Mujer, en Caá Catí para conmemorar este día se entregaron kits para la realización de uñas. También le habría comentado a la familia de la denunciante que averiguó sobre el tema, pero que le recomendaron que no le convendría hacer un descargo, para que no exista una repercusión mediática.

La misma respuesta la obtuvo la familia del encargado de la Liga Correntina Paseña, que le corresponde a Caá Catí. Acorde a las fuentes consultadas, les habría explicado que no quiere tomar medidas, para evitar la mediatización.

Cabe destacar que la madre de la sobreviviente tuvo que realizar una denuncia, tras ser violentada verbalmente por uno de los condenados en su trabajo en una plaza pública. Este hecho sumado al nulo accionar del intendente, demuestran lo que sería una desprotección desde la Municipalidad, la Liga Paseñ, la Secretaría de Deportes y la Secretaría de la Mujer para la familia de la sobreviviente y en beneficio de los condenados.

La integridad física y emocional de la familia de la denunciante le corresponde actualmente a Jorge Meza en su calidad de intendente de Caá Catí. Se espera que el funcionario se capacite correctamente en ley Micaela y pueda elaborar políticas públicas concretas en materia de género, en pos del beneficio de su comunidad.