El reciente aterrizaje en Ushuaia de un avión militar estadounidense —un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF)— que trasladaba a miembros bipartidarios del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. expone un preocupante patrón de opacidad y concesiones de soberanía por parte del presidente Javier Milei y su Cancillería. 

La aeronave, proveniente de la Base Conjunta Andrews cerca de Washington, llegó a Tierra del Fuego sin comunicación pública clara sobre su propósito o agenda específica en territorio argentino. 

La falta de transparencia oficial es parte de un patrón más amplio. Las autoridades nacionales no informaron con antelación ni dieron detalles de la visita, más allá de un escueto comunicado de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, donde se limitó a señalar reuniones sobre “degradación ambiental, permisos mineros, procesamiento de minerales críticos, salud pública y seguridad médica” sin identificar a las personas concretas de la delegación estadounidense ni su cronograma detallado. 

Este tipo de aterrizajes —que suman también jets privados vinculados a intereses externos, según informes periodísticos— ocurren en un contexto en el que el Ejecutivo de Milei ha promovido una flexibilización de los controles del espacio aéreo, debilitando requisitos de planes de vuelo y otras certificaciones que históricamente reforzaban la seguridad y vigilancia estatal. 

Ese movimiento favorece agendas privadas y extranjeras en detrimento del control democrático sobre quién ingresa y opera en el país.

Las críticas políticas no tardaron. La senadora por Tierra del Fuego Cristina López presentó un pedido de informes en el Senado cuestionando seriamente a la Cancillería y al gabinete de Milei, señalando que la provincia “no debe convertirse en base para potencias extranjeras” y exigiendo explicaciones claras sobre quiénes viajaron y con qué objetivos. 

La situación se agrava si se la lee en un marco más amplio de alineamiento geopolítico sin debate público: Milei ha profundizado relaciones estratégicas con Washington, incluso avanzando en la construcción de una base naval integrada en Ushuaia con participación de oficiales del U.S. Southern Command, como el almirante Alvin Holsey, y manteniendo encuentros con la general Laura Richardson, ex jefa del Comando Sur. 

Para sectores críticos, estas maniobras configuran una cesión de autonomía que expone a Argentina a convertirse en un engranaje operativo de intereses externos, particularmente de Estados Unidos, en un área geoestratégica clave que incluye rutas marítimas hacia la Antártida y gestión de recursos naturales. 

Las frecuentes visitas y vuelos de delegaciones extranjeras —sin comunicación previa ni explicación clara— refuerzan la percepción de que el gobierno de Milei prioriza alianzas estratégicas sin legitimar esas decisiones ante el Congreso ni la ciudadanía.

La soberanía del espacio aéreo y de regiones como el extremo sur no puede ser una moneda de cambio negociada en silencios y acuerdos opacos. Así lo advierten voces críticas que exigen transparencia, debate parlamentario y control democrático sobre las crecientes presencias extranjeras en el territorio argentino.

Incendios, tierra y negocios: el otro frente del Sur

Mientras el gobierno de Javier Milei habilita sin explicaciones la circulación de aeronaves extranjeras y privadas en el Sur del país, la Patagonia atraviesa una de las temporadas de incendios más graves de los últimos años, con miles de hectáreas arrasadas y comunidades afectadas. 

En ese contexto, organizaciones ambientales, brigadistas advirtieron sobre la combinación entre recortes deliberados al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, desfinanciamiento estatal y la reiteración de focos en zonas de alto valor inmobiliario y productivo.

Desde el inicio de la gestión libertaria, el Ejecutivo redujo partidas destinadas a la prevención y combate de incendios, desarticuló programas territoriales y dejó a provincias y municipios sin apoyo logístico suficiente. 

Esa política de retiro del Estado no es neutra: los incendios habilitan cambios en el uso del suelo, degradan bosques nativos y abren la puerta a negocios ligados al monocultivo, la especulación inmobiliaria y la venta de tierras, prácticas ya denunciadas en conflictos anteriores en Chubut, Río Negro y Neuquén.

Aunque no existen, hasta el momento, condenas judiciales firmes que prueben una planificación sistemática de incendios con fines económicos, las denuncias de intencionalidad se repiten, al igual que los pedidos de investigación que el Gobierno nacional evita impulsar.

 En paralelo, la apertura del territorio a intereses extranjeros —expresada en vuelos militares, delegaciones políticas de Estados Unidos y jets privados sin control visible— refuerza la percepción de un modelo de país que entrega recursos, territorio y soberanía, mientras desprotege bienes comunes como la tierra y los bosques.

En ese marco, los incendios dejan de ser solo una tragedia ambiental para convertirse en una pieza más de una disputa estructural por el Sur argentino, donde la retirada del Estado, el alineamiento geopolítico y la mercantilización del territorio avanzan al mismo ritmo.