En una editorial de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (Codeju) dan cuenta de que la provincia está en la sexta posición del ranking de gatillo fácil a nivel nacional. Detallan que, desde 1983 hasta 2022, fueron 8701 personas asesinadas por el Estado, y en su mayoría, los casos quedaron impunes.

Codeju comenta que "de ninguna manera deseamos que el caso Nino Largueri abulte las cifras de la impunidad". En 2015, el joven Montecasereño fue hallado sin vida a orillas del Rio Miriñay y, de las investigaciones preliminares del fiscal Soto, se determinó el compromiso de los policías: Ibalo, Goin, Aguirre y García.

Desde la Coordinadora sostienen que "el largo proceso de encubrimiento e impunidad en los casos de gatillo fácil" ocurre por la falta de imputaciones y encarcelamientos, y también por "una red compleja de códigos y espíritu de cuerpo” entre las complicidades judiciales, policiales y políticas. De esta forma, se resguarda y protege a aquellos policías o funcionarios implicados.

En el caso de Largueri, en la lista investigada por el fiscal, están omitidas las figuras relevantes y responsables del momento como lo fueron el subcomisario Lovera y el comisario Correa; ambos "visiblemente comprometidos en el desvío y ocultamiento de los hechos en aquella época", explicó Codeju. 

Para la Coordinadora, los policías implicados "tendrán la oportunidad de contar y declarar los pormenores de la situación y romper el código de silencio que solo sirve para cubrir a sus superiores y a la plana mayor de la policía provincial". Por esa razón, exigen Justicia y esclarecimiento, como la "más rigurosa aplicación de las leyes".