El servicio de transporte internacional que une Santo Tomé con São Borja fue suspendido esta semana por decisión de la empresa concesionaria, que a la fecha no emitió una comunicación oficial sobre las razones del cese. La interrupción tomó por sorpresa a los usuarios habituales, que dependen del colectivo para desplazarse entre ambas ciudades separadas por el río Uruguay.

La noticia generó malestar inmediato en estudiantes universitarios que cursan en São Borja y en trabajadores que cruzan la frontera diariamente. Muchos de ellos quedaron obligados a buscar alternativas costosas, como traslados particulares o el uso de taxis y remises, que encarecen la movilidad cotidiana.

Concejales de Santo Tomé y São Borja enviaron pedidos formales a la empresa para exigir la restitución urgente del servicio y, en paralelo, elevaron solicitudes a autoridades federales de ambos países. Argumentan que el cruce fronterizo es un derecho básico para la población local y que la concesionaria no puede suspenderlo sin garantizar una solución.

El Puente de la Integración, que conecta ambas ciudades, es uno de los puntos fronterizos con mayor circulación diaria en el corredor argentino-brasileño del noreste. Su actividad sostiene el comercio, el turismo interno y los intercambios educativos entre ambas localidades, que históricamente han funcionado como una comunidad binacional articulada.

Los comerciantes de Santo Tomé señalaron que la suspensión golpea directamente a los rubros de servicios, provisiones y pequeñas ventas, ya que una parte significativa del flujo proviene de ciudadanos brasileños que atraviesan la frontera para compras rápidas. La merma comenzó a sentirse incluso en los primeros días de corte.

En paralelo, organizaciones estudiantiles reclamaron que los Estados involucrados garanticen un mecanismo de emergencia para no afectar el calendario académico. Muchos jóvenes deben rendir finales, asistir a prácticas profesionales o sostener cursadas presenciales, y advierten que el corte los deja en una situación de incertidumbre.

A nivel institucional, los municipios del área se mostraron dispuestos a gestionar soluciones transitorias, como convenios con transportes locales o permisos especiales para servicios provisorios. Sin embargo, aclararon que cualquier medida requiere autorización nacional, ya que el cruce es internacional y está sujeto a normativas binacionales.

Mientras continúan las gestiones, la población de la frontera permanece sin una respuesta concreta. El malestar crece porque se trata de una región donde la movilidad diaria es parte estructural de la vida social y económica. Los vecinos reclaman que el servicio vuelva a funcionar de manera inmediata y estable, sin depender de decisiones unilaterales de la empresa.