El pasado 20 de septiembre del 2020 el sobrino del intendente de la localidad de Santa Rosa, Brian Quiroz, fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad. Las pruebas de ADN que lo incriminarían tardaron casi dos años en llegar a la Justicia de la localidad. La sobreviviente vive encerrada y con temor ante posibles nuevos ataques del denunciado, ya que en varias ocasiones él violó la perimetral impuesta y desde la Justicia no tomaron cartas en el asunto. 

Quiroz es sobrino de Pedro José Maidana, actual intendente de la localidad de Santa Rosa. fue reelecto en las elecciones del año pasado y responde a Encuentro por Corrientes (ECO).

Nueva Mirada dialogó con la familia de la joven, quienes comentaron que ese 20 de septiembre la denuncia se la tomaron al padre de la sobreviviente, ya que al momento del hecho ella era menor de edad. Desde ese momento contaban con dos abogados, hasta que ella cumplió 18 años y desde entonces les representa el abogado Ramírez. 

Al momento de relatar el suceso, destacaron que durante el proceso del abuso denunciado, Quiroz encerró a la sobreviviente en el auto del intendente de la localidad, el cual conducía en ese momento, y le colocó cerradura para que ella no pudiese bajar. A continuación, el denunciado la llevó a la casa de él, bajándola del vehículo sometida a través de jalones de pelo. 

Tras la denuncia los peritos llegaron a la casa de la denunciante y constataron los moretones que serían producto de la agresión y a la par, en la casa de Quiroz secuestraron pruebas para determinar su culpabilidad a través de pericias de ADN, como fluidos y sangre en sábanas. Las cuales dieron positivo e incriminarían directamente al acusado. 

La familia a la par, enfatizó en que el auto en el que Quiroz habría privado de su libertad a la joven, estuvo medio día encintado y luego lo sacaron de la Comisaría en la que estaba secuestrado como prueba, para llevarlo a un lavadero. “No sabemos por qué hicieron eso”, remarcaron. Aparentemente el objetivo habría sido borrar todo tipo de pruebas del hecho denunciado. 

El pasado martes recién fueron citados a declarar, tras más de dos años de espera. “Mi abogado siempre mandaba escritos para que declaremos”, manifestaron. Sostienen que el error deviene del juez Ramón Alberto Ríos y del fiscal Daniel Lezcano, quienes tardaron mucho tiempo en citar a declarar a testigos, como el hermano de la sobreviviente, que fue quien la rescató cuando Quiroz la habría abandonado en la calle tras el abuso denunciado. 

“La policía nunca nos ofreció nada. Es más, cuando mi ex-marido se fue a hacer la denuncia de que andaba suelto cerca de nuestra hija y se lo cruzaba en el supermercado, porque el pueblo es chico, no le quisieron tomar la denuncia penal y sólo le tomaron una exposición”, explicaron. 

Destacaron que la contención para la joven la tuvieron desde una red nacional, no desde organismos provinciales. De la misma forma el acompañamiento psicológico, al ser una localidad relativamente pequeña, no existen muchos profesionales como psiquiatras, que es lo que necesita en este momento la sobreviviente. Por consecuencia, la terapia la toma únicamente de forma virtual. 

Comentaron que nunca les ofrecieron botón antipánico, por ejemplo. Y la desprotección judicial sería tal, que cuando la familia decidió visibilizar el caso y la lentitud del mismo, muchas personas de la localidad compartieron en sus estados de Whats App la denuncia y la madre de Quiroz, habría ido a la comisaría a realizar una exposición y aparentemente amenazar con que “tomaría cartas en el asunto”. 

“Nunca tuvimos apoyo de la Justicia. Llamábamos todos los días para conocer novedades y nunca sabían nada”, explicaron. Como la pericia de ADN tardaba mucho, la misma familia le manifestó al Juzgado que se acercarían personalmente para saber el motivo de la lentitud, al punto que el dr. Ramírez tuvo que elevar un escrito para apurar el ADN que tardó dos años y que incriminaría a Quiroz con la detección de su ADN en las pruebas incautadas. 

La familia destacó que la sobreviviente no quiere hablar del tema porque la desestabiliza, no sólo por el hecho sino por el abandono judicial. La gravedad de la situación es tal, que ya iniciaron los trámites para que se radique en los Estados Unidos, pero la primera solicitud de visa fue rechazada. Actualmente están realizando nuevamente los papeles, porque ella está decidida que lo mejor es irse de Argentina, ante tanta injusticia y desprotección, ya que vive encerrada con el temor de cruzarse al denunciado. 

Por su parte, la Cámara Gesell se tuvo que realizar en tres oportunidades, ya que la joven no podía terminar la pericia porque quebraba en llanto. La familia remarcó que nadie les explicó correctamente la dinámica y que de repente un día se encontraron con muchas personas durante la pericia. 

“Nunca tuvimos contención de la policía ni la Justicia, al contrario tuvimos palos. Siempre el juez nos dio palos, nos dijo que le escrachamos por todos lados. Yo viví cinco años en Mercedes y sé todo, todo esto es político. Mi hija fue golpeada, violada, ultrajada, tirada del auto, la abandonó y el tipo anda suelto”, concluyeron.