CRISIS

Peligra la continuidad del transporte urbano en Goya

El 30 de junio vence la concesión de la empresa que presta el servicio de transporte urbano en Goya, y hasta el momento no tiene intenciones de renovar. Presentaron un proyecto para que el interior del país vuelva a recibir el 40% de los subsidios nacionales.

A dos semanas del fin de la concesión del servicio de transporte urbano en Goya, la empresa prestataria ya aclaró que no pretende renovar el contrato. Tampoco hay oferentes y peligra la continuidad del servicio en la segunda ciudad más grande de la provincia.

La empresa concesionaria del servicio es Silvia-Albizzati, pero el contrato vence el 30 de junio y no tiene intenciones de renovarlo.

Según precisó el presidente de la Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes (Cetic), Osvaldo Spessot, "es imposible continuar con este sistema”, afirmó y explicó que “hace unos años teníamos 14 unidades funcionando, y hoy tenemos cuatro".

Ante el encarecimiento del boleto de colectivos, la mayoría de la sociedad se está volcando a la moto como medio de transporte en las ciudades. De acuerdo a datos que indicó Spessot, en Goya hay 65.000 motocicletas circulando en una ciudad con alrededor de 90.000 habitantes.

"No llegamos a los 700 los boletos diarios”, señaló el empresario en declaraciones a Radio Dos. “Lamentablemente no tenemos previsibilidad y conseguimos combustible con sobre precio”, aseguró.

Para Spessot, "esta situación se va a repetir en todas las localidades no tan grandes como Goya".

Atendiendo a la grave situación del transporte urbano en todo el interior del país, el diputado nacional del Frente de Todos, Jorge Antonio Romero, presentó un proyecto de Ley para redistribuir los subsidios nacionales que están dirigidos al sector.

El legislador correntino propone que la distribución sea del 60% para el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y 40% para el resto de las provincias.

Actualmente el 85%, unos 23.000 millones de pesos, de los recursos que distribuye Nación, quedan en el Amba. Mientras que el 15% restante ($3.500 millones) se reparte entre las provincias del interior. 

Esa inequidad se produjo a partir del Pacto Fiscal que promovió el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al que adhirieron la gran mayoría de los gobernadores. 

Romero impulsa "volver al sistema de distribución que funcionó entre 2003 y 2018".