Desde hace cuatro años rige en Argentina la ley Micaela, que implica la capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado. Quienes se desempeñen en la función pública, deben adquirir estas herramientas para seguir promoviendo una Nación sin violencia. 

En este marco, Corrientes recién a principios de marzo lanzó la capacitación obligatoria para agentes municipales y la Universidad Nacional del Nordeste hizo lo propio bajo el curso “Lentes violetas”.

Lamentablemente han pasado muchos años desde la sanción de la normativa y las capacitaciones provinciales debieron ocurrir con mucha anterioridad.

En Corrientes el sistema patriarcal cala hondo, sobretodo en los sectores políticos perpetuados en el poder, justamente uno de los ámbitos en los que se gestan estos cambios.  

Desde el Gobierno surgen las convocatorias a los eventos artísticos públicos, entre los que se pueden mencionar ArteCo y la Feria del Libro. 

Con esta redacción se contactaron madres y mujeres sobrevivientes de diferentes situaciones de violencia de género, y quienes también padecen a deudores alimentarios, con quienes comparten hijxs. 

Específicamente quienes son convocados a los dos grandes eventos antes mencionados, recibirían un abultado ingreso de parte de la provincia por su participación en éstos. 

Surge así la cuestión de que si existiera un registro de deudores alimentarios, como en la provincia de Tierra del Fuego, la convocatoria saltaría en el sistema y el pago podría ser redirigido para saldar esa deuda. 

Lo que también implica el interrogatorio sobre cómo se convocan a artistas a participar de estos eventos, qué tipos de criterios tiene el Gobierno provincial y cómo fomentan espacios seguros para sobrevivientes y la ciudadanía. 

Ejemplo positivo

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Nacional del Nordeste cerró la convocatoria este lunes, para el ciclo de teatro “Mini”.

En este sentido, se destacan sus bases y condiciones de participación, específicamente el punto g: “conforme la ley N°26485 de Protección Integral a las Mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia; quedan excluides de esta convocatoria las personas que estén involucradas en causas legales de violencia de género u homofobia, así como también las personas deudoras de la cuota alimentaria de sus hijes”.

Para un centro cultural de una Universidad regional, esto implica un gran avance en materia de género.

Por un lado, en una provincia tan conservadora y patriarcal como Corrientes (en cuya capital se encuentra el CCU) representa el inicio de mejoras en ámbitos públicos artísticos, con el objetivo de transformarlos en espacios seguros.

Por otro lado, esta decisión abre el debate hacia qué otras instituciones incorporan la ley Micaela y cómo se inserta en eventos públicos provinciales de gran magnitud como ArteCo o la Feria del Libro.  

#PagáLaCuota

El domingo pasado y en el marco de la festividad por el Día del Padre, la Red de Familias Monomarentales de Argentina lanzó en redes sociales la campaña #PagáLaCuota.

El objetivo de ésta, informan desde la Red, es “visibilizar las situaciones de violencia de género, injusticia social, y de vulneración de derechos que atravesamos a diario cuando reclamamos para que se garanticen los derechos humanos de nuestros hijos e hijas, para que tengan una infancia digna y libre de violencias”. 

A la par, la Red Nacional de Mujeres y en conmemoración a este día, realizó una lista de frases que en base a sus registros, son usuales para deudores alimentarios. 

Así y acompañando el hashtag, se leen frases como “Este mes estuve complicado, vemos el mes que viene”, “Vos gastas mal, no te sabés administrar! o incluso “Yo tengo derecho a vivir también!”. 

Lamentablemente y en base a los testimonios que han llegado a la redacción de Nueva Mirada, la primera y la tercera frase son las más usuales. 

Incluso con la paga recibida por la aparente participación en los eventos provinciales como ArteCo o la Feria del Libro, los deudores aducirían que “apenas les alcanza para ellos”. 

Algunos habrían tenido hasta el descaro de pedirle a las madres de sus hijxs, que les dejen “en paz”, porque si surgirían problemas no podrían rendir al 100% en la creatividad de sus trabajos artísticos y así tampoco podrían beneficiarse sus hijxs. 

No sólo les antecederían las denuncias por violencia de género en ámbitos familiares, aún después de la separación y las impagas cuotas alimentarias correspondientes, pretenderían cooptar a las madres sobrevivientes en sus luchas. 

Tierra del Fuego

En octubre del 2001 la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Re.D.A.M.). 

La ley provincial 531 lleva más de dos décadas de vigencia y recién en los últimos años ha logrado su visibilización nacional y su utilización de precedente para normativas similares en otras provincias argentinas. 

Las inscripciones y bajas en el registro suceden bajo órdenes judiciales e ingresan “todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas”.

Desde el 2020 el Gobierno de Tierra del Fuego en articulación con la lista proveída a través del Registro Civil, difunde el registro actualizado en todos los sectores de la administración pública. 

De esta forma, la ministra de Obras y Servicios Públicos de esa provincia, Gabriela Castillo, disertó en mayo en el primer plenario 2023 de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género y se refirió al respecto. 

“En el procedimiento de contratación tenemos auditorías internas y dentro de los listados incluye la verificación del control de esa persona, que al momento de la contratación no esté inscripta en el registro de morosos”, explicó.

Corrientes

Con el antecedente de los requisitos en una convocatoria del CCU y la normativa fueguina mencionada, es importante plantearse la urgente necesidad de un listado similar en Corrientes. 

El Gobierno provincial invierte millones en las contrataciones para grandes eventos públicos como ArteCo, la Feria del Libro o el Festival del Chamamé. 

Primero, es necesario remarcar que la protección hacia madres y mujeres sobrevivientes de violencia de género y de deudores alimentarios, deberían ser prioridad provincial. 

No tienen que ser las personas denunciadas, quienes reciban beneficios de la provincia y sean apañados y acompañados por sobre las sobrevivientes. 

Esto sólo refuerza el concepto de un Estado provincial machista y violento, que con estas acciones se materializa más que nunca en la realidad cotidiana. 

Segundo, el público asistente a eventos de esta magnitud también debería ser protegido. ¿Quién querrían consumir expresiones artísticas de personas que atraviesen este tipo de denuncias?

Por consecuencia, se remarca que con el listado se solventarían muchas problemáticas vigentes. 

A la par, la creación del registro permitiría redirigir parte del pago por la participación de estos eventos a artistas que sean deudores alimentarios, hacia sus correspondientes cuotas. 

Esta situación expone una vez más la falta de perspectiva de género en el plano provincial e incluso con las denuncias de las madres y mujeres sobrevivientes, se podría afirmar que refuerza el concepto que a los funcionarios públicos provinciales les importa poco crear un Estado libre de violencias y justo para todxs.