CRISIS

Suspensiones: Corrientes licita colectivos en medio de un sistema en conflicto

Suspensiones, atrasos salariales y recortes del servicio tensionan el debate por el futuro transporte urbano.

El transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes atraviesa una nueva etapa de crisis, despiden a 23 trabajadores. Lejos de tratarse de un episodio aislado, el conflicto actual combina problemas laborales, dificultades financieras empresarias, reducción de servicios y el vencimiento de la concesión vigente. 

En ese marco, la Municipalidad se encamina a un nuevo proceso licitatorio con un sistema cuestionado por usuarios, trabajadores y con señales de agotamiento estructural.

La novedad más reciente fue el envío de telegramas de suspensión a choferes por parte de las empresas ERSA y Transporte San Lorenzo. Según se informó, las medidas alcanzaron al menos a 23 trabajadores, con suspensiones por 30 días y sin goce de haberes. Las firmas justificaron la decisión en la crisis económica que afecta al sector. Desde la UTA anticiparon rechazo formal y acciones gremiales para frenar la medida. 

El dato no es menor: cuando una empresa suspende personal en un servicio público esencial, la discusión deja de ser exclusivamente empresaria. El transporte urbano no es una actividad cualquiera. Es la herramienta cotidiana que permite a miles de personas llegar al trabajo, estudiar, atenderse en hospitales o sostener tareas de cuidado. Por eso, cada ajuste laboral impacta también en la calidad y regularidad del servicio.

Pero las suspensiones son solo la última expresión de una crisis que viene escalando desde hace meses. Durante marzo y abril hubo amenazas de paro por falta de pago de salarios, deudas pendientes con trabajadores y negociaciones de urgencia para evitar la paralización total. En varios casos, los haberes fueron depositados sobre la hora y el servicio continuó apenas después de destrabarse los conflictos. 

También se registraron recortes operativos. A fines de marzo, empresas como ERSA y San Lorenzo redujeron el servicio nocturno, dejando franjas horarias sin colectivos y profundizando las dificultades de quienes trabajan de noche o dependen de horarios extendidos. La decisión expuso otra vez que el sistema funciona en un equilibrio precario: cuando faltan recursos, el primer ajuste suele recaer sobre usuarios y trabajadores. 

A esto se suma una cuestión institucional decisiva. El 17 de abril venció la concesión que mantenían las empresas prestatarias. El municipio rechazó un pedido de prórroga presentado por los operadores y puso en marcha un régimen transitorio hasta el 31 de diciembre, plazo durante el cual promete garantizar la continuidad del servicio mientras prepara una nueva licitación. 

Ese vencimiento abre una pregunta central: ¿se licitará para cambiar algo de fondo o solo para renovar contratos? Porque la crisis actual no comenzó esta semana. El sistema arrastra años de quejas por frecuencias insuficientes, unidades en mal estado, recorridos discutidos, aumentos tarifarios y dependencia de subsidios. La coyuntura actual solo volvió más visible un problema acumulado.

La situación de ERSA fuera de Corrientes agrega presión al debate local. La empresa, actor dominante del esquema correntino, anunció que dejará de operar en Resistencia el próximo 30 de abril. Antes ya había salido del sistema urbano de Córdoba, una de las plazas más importantes del país. 

Es decir, mientras en otras ciudades reduce o abandona operaciones, en Corrientes sigue ocupando un lugar central. Ese contraste inevitablemente alimenta dudas sobre su capacidad futura, su estrategia empresaria y la conveniencia de sostener esquemas concentrados. 

El desafío para la capital correntina excede el nombre de una empresa. La discusión de fondo es qué modelo de movilidad necesita la ciudad: uno orientado por la rentabilidad privada y la emergencia permanente, o uno planificado con controles públicos estrictos, exigencias de inversión, estabilidad laboral y prioridad para el usuario.

La próxima licitación aparece entonces como una oportunidad política e institucional. Pero también como una prueba. Si el nuevo pliego no corrige las fallas que hoy estallan en la superficie, la crisis seguirá circulando, aunque cambien los logos en los colectivos.

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