La casa de Celeste González se derrumbó el viernes 24 de octubre, luego de varios días de intensas lluvias que afectaron a la ciudad de Corrientes. En el lugar vivían la mujer, su marido y sus siete hijos, quienes habían advertido tiempo atrás a funcionarios municipales sobre el riesgo de derrumbe por el avance del agua, pero nunca obtuvieron respuestas.

Tras perder su vivienda, la familia se manifestó el 26 de octubre para pedir una solución habitacional. Recibieron algunas chapas, bolsas de alimentos y una oferta que consideraron inaceptable: que los niños fueran derivados a hogares. “Queríamos una casa, no que nos separen”, dijo Celeste en diálogo con vecinos del barrio.

Sin otra alternativa, decidieron instalarse en un terreno deshabitado del mismo barrio, donde. “El lugar donde estaba su casa se lo está comiendo el río —relató un vecino—. Por eso se mudaron ahí, hasta encontrar algo más seguro.” 

Según los testimonios recogidos, el operativo se realizó sin orden judicial. “Les decían que la tenían, pero nunca la mostraron. Cuando intentaron dialogar, los trataron con desprecio”, contó una persona que presenció los hechos.

Horas más tarde, un grupo numeroso de efectivos regresó y llevó adelante un desalojo violento. “Tiraron gases lacrimógenos y dispararon hacia la casa, donde estaban todos los chicos. Un nene de seis años quedó adentro mientras derrumbaban todo; podría haberse muerto ahí”, describió un testigo.

Durante el procedimiento, los agentes también se llevaron las chapas, las donaciones recibidas de manera solidaria y las pertenencias de la familia. “Los dejaron sin nada”, señalaron quienes los asistieron.

Actualmente, la familia González exige la devolución de sus pertenencias y una solución habitacional definitiva. Denuncian haber sido víctimas de violencia institucional y abandono estatal. “Lo que pedimos es poder vivir bajo un techo seguro. Ya perdimos una casa por el agua y otra por la Policía”, expresó Celeste.

El caso expone nuevamente la vulnerabilidad habitacional de numerosos hogares en Corrientes y también como se acrecenta la violencia policial, donde las últimas lluvias dejaron a decenas de familias en situación crítica y sin respuesta oficial.