La empresa Miramar decidió despedir a los 26 trabajadores que habían sido suspendidos hace dos meses. Un hecho que profundiza la crisis del sistema de transporte público en la ciudad de Corrientes.

Los chóferes del 101 y 110, ambas líneas regenteadas por Miramar, habían sido suspendidos en junio y desde ese momento percibieron solo el 60% de sus salarios. Esta semana fueron cesanteados.

Se trata de empleados con una antigüedad de entre 10 y 26 años en la empresa, a los que solo les abonaron la mitad de sus indemnizaciones correspondientes, de acuerdo a lo denunciado. La empresa justificó esta acción en la Emergencia del Transporte Urbano que decretó el Municipio capitalino meses atrás.

Los choferes también recibieron el 50% de su último salario, ya que la empresa se amparó en el sistema preventivo de crisis que le fue otorgado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia. 

Los trabajadores denunciaron que tanto la Secretaría de Trabajo como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) los dejaron desamparados ante los despidos, y hoy solo cuentan con asistencia legal particular.

Esta crisis del sistema de transporte público no solo es potestad de Miramar, sino también de Ersa, la empresa monopólica que maneja más del 80% de las líneas de colectivos en la Capital Provincial. 

Meses atrás, el titular de la Cámara de Empresarios de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), Gustavo Larrea, confirmó que 89 trabajadores de Ersa fueron suspendidos por 90 días sin goce de haberes. Además, no se les renovó el contrato a otros 25 empleados.

Las suspensiones y despidos se dan en el marco de que la ciudad de Corrientes tiene uno de los boletos más caros del país, con una tarifa plana de 990 pesos. 

Desde agosto del año pasado, el boleto subió de 96,50 a los actuales 990 pesos; un incremento equivalente al 926%. Dicho aumento solo sirvió para que haya una merma del 50% en los usuarios de colectivos.