Miles de personas participaron en la marcha que se realizó este miércoles en la ciudad de Corrientes, en el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para pedir la no aprobación del DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el presidente de la Nación, Javier Milei.

Con una masividad que hace tiempo no se veía en la Capital provincial, las columnas de organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron desde la Casa de Gobierno hasta la Plaza Cabral. 

Hubo dos actos: el primero se realizó en la Plaza 25 de Mayo y tuvo como organizadora a la Multisectorial Corrientes; mientras que el segundo se hizo en la Plaza Cabral y fue convocado por la CGT.

En ambos lugares se le exigió a los legisladores nacionales por Corrientes que no aprueben el proyecto de Ley Ómnibus que actualmente se está debatiendo en la Cámara de Diputados, y que en la madrugada del miércoles obtuvo dictamen de mayoría en controvertido plenario de comisiones. 

A contramano de lo que pretendía Milei, el expediente recién se discutirá en el recinto de sesiones el jueves y viernes de la semana próxima. En caso de alcanzar la mayoría simple, obtendrá la media sanción y pasará al Senado.

Documento de la Multisectorial

La Patria no se vende. Paramos y movilizamos contra el DNU y el Proyecto de Ley Ómnibus de Milei

Las medidas tomadas por el gobierno de Milei castigan y ajustan duramente al pueblo, entregan el patrimonio nacional y generan una brutal transferencia de ingresos a favor del poder económico. Mega devaluación del 118 % (la tercera más alta en la historia argentina) en beneficio de los agroexportadores, que agrava el proceso inflacionario que sufrimos, y deja el salario en los niveles más bajos desde hace décadas. Liberaron los precios de los alimentos, los cupos de exportación y cualquier control y sanción hacia los monopolios alimenticios formadores de precios. Liberaron los precios de los medicamentos, de las telecomunicaciones y del combustible. Eliminan subsidios (salario indirecto) al transporte público y a la energía, lo que significa un tarifazo en las boletas de energía eléctrica y gas. No renovaron el programa de Compre sin IVA. Suspendieron el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil y de los programas sociales. Eliminaron la obra pública lo que implica la destrucción de miles de puestos de trabajo, y el abandono de escuelas, hospitales, red de agua y cloaca, asfalto, segundo puente Corrientes-Chaco, etc). En ese marco, los comedores y merenderos populares dejaron de recibir mercaderías y el gobierno no anunció ningún plan de contingencia ante la emergencia alimentaria que sufre gran parte del pueblo, en Corrientes ya tenemos familias que comen una sola vez al día.

Estas medidas propiciaron que la inflación mensual subiera del 12 % al 25 % en el primer mes del gobierno de Milei. A este ritmo de fogonazo inflacionario tendremos 100 % de inflación en 4 meses, pulverizando el salario y los ingresos populares, lo que profundizará la pobreza y la desigualdad. Al imponer un costo de vida dolarizado y salarios pesificados, se ejecuta un violento plan de ajuste sobre el consumo de la población, que no podrá pagar a precio internacional la producción realizada en su propio país. Todo ello para priorizar la exportación de alimentos, materias primas, energía y minerales para los países desarrollados, privatizar los principales activos del país, y así pagar la ilegítima deuda externa (contraída para la fuga por el mismo ministro Caputo en el gobierno de Macri) con el sacrificio de quienes no se beneficiaron con ella.

Asimismo, al menor poder de compra y menor consumo del pueblo, se va a generar una recesión económica que provocará cierres de pymes, industrias y millones de nuevos desocupados, y menores recursos coparticipables a las provincias. Las autonomías provinciales se verán severamente afectadas, más de lo que ya están, con la merma constante de la coparticipación federal, algo que ya está provocando que algunas provincias estén pagando salarios en cuotas o congelando el monto, estén por lanzar monedas provinciales, empiecen a cobrar aranceles en hospitales públicos por consulta o medicamentos.

Todo lo decidido y anunciado por el gobierno de Milei es en beneficio al poder económico, que festejó públicamente. Es decir, quieren ir a un país más concentrado, más extranjerizado, primarizado y desindustrializado, donde sobrarán millones de compatriotas. Esta nueva y extrema etapa de desigualdad social quieren congelarla con un nuevo marco jurídico. Buscan la paz y la estabilidad de los cementerios.

A quién beneficia el DNU 70/2023 

1) Deroga la Ley de Tierras rurales, promoviendo la extranjerización sin límite de tierras, cuerpos de agua (como los Esteros del Iberá), riquezas naturales como el litio, y zonas de seguridad de frontera. El capital extranjero será el gran beneficiado (en el caso de Corrientes empresas forestales y arroceras), y además se pone en riesgo la integridad territorial de la Argentina.

2) Desregula el comercio exterior, favoreciendo a las gigantes agroexportadoras. Se exportarán todos los alimentos que se producen aquí y los pagaremos internamente a precio internacional; y por otro lado, se importarán productos industriales destruyendo la industria argentina, las pymes y la actividad productiva nacional, lo que a su vez generará el cierre de miles de empresas y millones de desocupados. Deroga la Ley de Compre Nacional, que obliga al Estado Nacional a otorgar preferencia a los bienes de origen nacional.

3) Establece una reforma laboral a favor de las patronales y regresiva contra los derechos conquistados por los trabajadores (fomenta el trabajo “en negro” al derogar las multas a las empresas que tengan trabajadores no registrados; legaliza el fraude laboral a través de la contratación de monotributistas; se ocultan trabajadores dependientes con la simulación de “colaboradores”; licua la indemnización laboral pudiéndose pagar en cuotas y con bajo interés; aumenta el periodo de prueba de 3 a 8 meses durante el cual el trabajador despedido sin causa no tiene derecho a la indemnización; limita severamente el derecho constitucional de huelga, al declarar servicio esencial a casi todas las actividades).

4) Deroga la Ley de Abastecimiento, lo que elimina el control y sanción a los monopolios formadores de precios en la producción y comercialización de bienes y servicios esenciales. Desregula el sector energético, y libera las tarifas en beneficio de las empresas del sector. Deroga la ley de alquileres, eliminando el plazo mínimo de alquiler y permitiendo que el precio se establezca en moneda extranjera.

5) Elimina los laboratorios de producción pública, beneficiando a las empresas farmacéuticas. Elimina el control y topes de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, lo cual impacta directamente en los costos para el acceso a las prestaciones básicas por parte de las personas enfermas o con discapacidad.

6) Modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando el límite a la multiplicidad de licencias en el orden nacional, por el cual una única empresa podrá tener acceso a múltiples señales.

A quién beneficia el Proyecto de Ley Ómnibus 

1) Declara la emergencia pública y se delegan facultades legislativas al presidente en 9 materias, lo que provocaría un cierre de facto del Congreso de la Nación.

2) Se declaran sujetas a privatización 37 empresas del Estado (como Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, ENARSA, astilleros TANDANOR, Fábrica Argentina de Aviones (FadeA), Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AYSA, Dioxitec, etc.), en beneficio del capital extranjero que pretende adquirirlas. En el caso del Banco Nación, ARSAT, y Nucleoeléctrica Argentina, autoriza la privatización parcial de las mismas.

3) Establece que el presidente no tenga obligación de pedir autorización al Congreso para un nuevo endeudamiento externo. Elimina el requisito de mejorar dos de tres variables financieras (tasa, plazo y/o capital) en una reestructuración de deuda. Todo en beneficio del capital financiero.

4) Se deroga el autoabastecimiento de hidrocarburos y gas natural como objetivo prioritario de la Argentina, comprometiendo la soberanía energética nacional. Se liberan las exportaciones, y los precios del combustible en el mercado interno serán a nivel internacional. Se permitirá que Estados extranjeros exploten nuestros hidrocarburos a través de sus empresas públicas.

5) Se elimina la prioridad para el otorgamiento de permisos de pesca marina y cuotas de captura, a los buques que empleen mano de obra nacional y a los buques construidos en el país, liberando el mar argentino a los buques extranjeros, y desmantelando la industria pesquera y naval argentina. Se eliminaran todas las sanciones dirigidas a las empresas pesqueras que depredan nuestros recursos en el área de Malvinas y sus aguas circundantes sin autorización del Estado argentino, a partir de las licencias ilegales y unilaterales que el Reino Unido otorga mediante su ocupación colonial de las Islas.

6) Se transfieren los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES al Tesoro Nacional, por lo que se habilita la venta de esas acciones, principal instrumento para financiar sus haberes. Además, se declara la emergencia previsional, que comprende actualizaciones, moratorias, años de aporte, edad jubilatoria, etc.

7) Faculta al presidente a disolver o suprimir órganos y entidades descentralizadas, muchos de ellos estratégicos para el ejercicio de nuestra soberanía sanitaria, alimentaria, energética y científica. Asimismo, permite el pase a disponibilidad y despido de trabajadores estatales nacionales de planta permanente.

8) Reduce notoriamente el impuesto al patrimonio de los ricos (bienes personales), dándoles estabilidad fiscal hasta el año 2038, y les facilita un blanqueo de capitales a los grandes evasores y a los de origen dudoso. Al mismo tiempo elimina la fiscalización estatal sobre las Sociedades Anónimas Unipersonales.

9) Establece el estado de sitio criminalizando la libertad de reunión, movilización y protesta social, derechos humanos fundamentales. Legitima el gatillo fácil como política de Estado.

10) Elimina el Instituto Nacional del Teatro, y la Ley de defensa de la actividad librera; y desfinancia las bibliotecas populares, el Instituto Nacional del Cine, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de la Música. Elimina el INADI, abocado a la prevención de la discriminación.

11) Modifica la Ley de Educación Superior, por la cual se redefine y recorta el presupuesto universitario en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera y su área de formación. Así se limita el acceso a la educación a los estudiantes de carreras consideradas “no estratégicas”, que se verán obligadas a cerrar, por no tener un presupuesto acorde. Declara a la educación como “servicio”.

Por todo ello, llamamos a todos los legisladores nacionales por Corrientes (diputados Manuel Aguirre, Lisandro Almirón, Sofía Bambrilla, Alfredo Vallejos, Jorge Romero, Nancy Sand, Christian Zully, y senadores Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Carlos Espínola) a rechazar el DNU y el proyecto de ley ómnibus por inconstitucional, porque atrasa 200 años eliminando derechos laborales y sociales conquistados por el pueblo argentino, entrega la soberanía nacional sobre nuestras tierras y recursos naturales, establece el estado de sitio criminalizando la libertad de reunión, manifestación y protesta, y porque configura un plan de negocios para los dueños del país.

Recordamos que el art. Artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Exigimos al gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, que se ponga del lado de Corrientes, de los correntinos y las correntinas, y se pronuncie en contra del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus. Es tiempo de poner por delante el interés provincial y no la negociación para que Milei pague con las migajas de unos pocos cargos políticos nacionales la entrega de Corrientes y de todas las provincias del país.

Con la política de Milei, ganan unos pocos grupos económicos, y perdemos la gran mayoría del pueblo argentino. Pierden los trabajadores privados y los estatales, los registrados y los que están en negro, los precarizados, los jubilados y pensionados, los estudiantes, los inquilinos, los pequeños productores, las Pymes, los comerciantes, los industriales nacionales, los artistas, los clubes deportivos.

Por eso hoy en Corrientes decimos presente! y somos parte de esta jornada que se realiza a lo largo y ancho de nuestra Patria, con la unidad y la solidaridad de todos los sectores populares, patrióticos y democráticos: paramos, nos movilizamos y luchamos para enfrentar estas medidas y continuaremos este plan de lucha hasta que caiga el DNU y la ley ómnibus. A 40 años de la recuperación democrática, que costó miles de vidas argentinas, defendemos la soberanía, las libertades democráticas y los derechos conquistados por el pueblo.