El Tribunal del juicio que se sigue por la supuesta red de narcotráfico que había funcionado en la región, rechazó el pedido de uno de los abogados defensores de separar a los fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias y Martín Uriona.

Según el letrado que patrocina a uno los acusados, Aníbal Ibarra, estos fiscales habrían utilizado a uno de los narcos de la banda investigada como testigo de identidad reservada.

En la audiencia del jueves, Iglesias y Uriona, realizaron sus descargos. Tras lo cual el tribunal integrado por los jueces federales subrogantes Juan Manuel Iglesias, del Chaco; Manuel Alberto Moreira, de Misiones y Rubén Quiñonez, de Formosa; rechazó el pedido de Ibarra y mantuvo a los fiscales en la investigación. 

En la causa están imputados el ex juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila; y sus secretarios, Federico Grau y Pablo Molina. Quienes están acusados de recibir coimas para permitir las actividades de la supuesta red de narcotráfico.

Desde la defensa del magistrado aducen que se trata de una causa política armada en tiempos del Gobierno de Cambiemos para quedarse con el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, que es el que tiene competencia electoral. 

Ibarra, defensor de Grau, argumentó su pedido de separar a los fiscales en que Iglesias y Uriona hicieron declarar al supuesto testigo con identidad reservada, pantalla apagada y sistema de distorsión de voz. 

Sin embargo, el abogado demostró que esta persona, llamada Renzo Molina, estaba nombrada en la propia causa como narcotraficante, y tenía varias conversaciones con miembros de la banda en donde aparecía comercializando o interviniendo en el tráfico de drogas.

El falso testigo declaró en marzo del 2017 y la presentaron en el juicio oral que se lleva adelante en Corrientes desde fines del año pasado.